El Consejo Nacional de Universidades (CNU) prohibió todos los cursos que sean ofrecidos por centros técnicos y universidades para especialidades y profesionalización que no cuenten con la aprobación de dicha institución estatal. Entre ellos, diplomados, postgrados, maestrías y carreras técnicas.
El comunicado publicado en su sitio web indica que «ninguna institución que no esté debidamente autorizada y aprobada (…) puede ofrecer cursos de capacitación y actualización tales como diplomados y otros que por su naturaleza pertenezcan al área de educación superior».
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La orientación tiene como respaldo el numeral 4 del artículo 58 de la Ley N. 1176 Ley de Reformas y Adición a la Ley N. 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y de Reformas a la Ley N. 582, Ley General de Educación. Además, el texto señala que la respectiva autorización y aprobación debe colocarse en un lugar visible, además de debe estar colgado en su sitio web (del centro o instituto).
El CNU es dirigido por la también rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, pieza clave en el control de la educación superior que ejerce la dictadura sandinista. Durante la toma de las universidades durante la crisis del abril del 2018, Rodríguez fue la mano ejecutora de la dictadura del desalojo armado y violento en las que varios estudiantes murieron y muchos resultaron heridos.
Al menos 263 periodistas se vieron obligados a salir de Nicaragua por la persecución sufrida tras las protestas opositoras de 2018, según un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
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La ONG detalló en un informe trimestral sobre violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua que «la cultura de censura, exilio, amenazas y restricciones en contra del periodismo independiente y las voces críticas “mantiene su esplendor”» bajo el gobierno de Daniel Ortega.
FLED, que funciona desde Costa Rica, señaló que durante el trimestre abril-junio 34 profesionales de la comunicación abandonaron Nicaragua por «agresiones a la libertad de prensa» con discursos estigmatizantes como el hecho más recurrente.
«Nicaragua utiliza a sus voceros oficialistas para intentar desacreditar el trabajo de los hombres y mujeres de prensa, así como minimizar el impacto de los medios de comunicación independientes», indicó el informe.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este 10 de julio la liberación de 1.500 presos, sin incluir entre ellos a los 128 opositores que, según la CIDH, están encarcelados «arbitrariamente» en el país centroamericano.
Murillo informó en su comunicación diaria con los medios oficialistas nicaragüenses que estos reclusos gozarán de “beneficios legales de convivencia familiar”, por lo que podrán «retornar a sus hogares» tras haber cometido «errores en la vida».
Sin embargo, indicó que son personas «humildes y no los forajidos» en relación a los opositores presos.
Murillo no mencionó la solicitud hecha el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Nicaragua en una resolución la «liberación inmediata» de 25 opositores encarcelados por el gobierno de Ortega.
