El Consejo Nacional de Universidades (CNU), que funciona como el brazo represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el área de la educación superior, experimentó una disminución del 56% en su asignación presupuestaria para 2024, que implica que solamente cuatro de las cinco universidades confiscadas reciban financiamiento.
El presupuesto del CNU se redujo de 866 millones de córdobas a solo 384 millones, según el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
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Esta reducción provocó que solo cuatro de los cinco nuevos centros de estudios que la dictadura sandinista estableció en los campus confiscados a las universidades privadas e independientes del gobierno funcionaran a como se tenía estipulado.
«Para el año 2024, las universidades públicas, comunitarias e interculturales de nuestro país atenderán a 180,220 estudiantes de manera gratuita a nuestras universidades», fue la promesa que el orteguismo realizó el año pasado.
Sin embargo, el presupuesto excluye a la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, de León, creada en marzo de 2023. En esta universidad, estudiarían los alumnos de las clausuradas y confiscadas Universidad Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).
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El fondo, antes de ser mermado, solo aplicaba para la Universidad Nacional Politécnica (252 millones de córdobas), la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (248 millones de córdobas), la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (194 millones de córdobas) y la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda (150 millones de córdobas).
El 6% constitucional para la educación universitaria (que incluye la partida para el CNU y la asignación para todas las universidades) solo aumentó un 27%, pasando de 6,315 millones de córdobas en 2023 a 8,028 millones de córdobas en 2024.
