Después de la «caída en desgracia» del ministro Iván Acosta Montalván, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ascendió al viceministro Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, un nicaragüense que tiene más conocimientos en derecho que en finanzas, como el nuevo titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Al igual que Acosta Montalván, Gallardo Palaviccine llegó a ese organismo gubernamental en 2007, tras el regreso al poder del sandinismo. En esa trayectoria, ha ocupado posiciones clave como Director de Asesoría Legal, Director General de Contrataciones del Estado y un miembro titular del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua.
El nombre de Gallardo Pallavicine se dio a conocer a través de un decreto presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta del 17 de noviembre de 2021, en el que Ortega lo designaba como viceministro de Hacienda, después que Estados Unidos sancionara a Acosta y José Adrián Chavarría Montenegro, quien fue el anterior viceministerio de esa entidad.
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Gallardo Pallavicine se graduó como docente de la Escuela Normal de Managua «Alesio Blandón». En 1968 ya era dirigente magisterial y miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Managua. En 1970 fue parte de los maestros despedidos durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Un artículo titulado «Nicaragua: Los maestros de los años 60 y 70: Deuda con aquellos héroes», señala que Gallardo se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por aquellos años.
El nuevo ministro del MHCP posee un Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana obtenido en 1974, un centro de estudios superiores que fue confiscado por la sandinista pareja dictatorial en agosto de 2023.
De igual manera, Gallardo cuenta con una Especialización en Derecho Penal de la Universidad Jaime I de Castellón, en España, en 2004, y un Máster en Alta Gerencia en la Administración Pública de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos en 2010. También fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) entre 2000 y 2003.
Además de su carrera en el sector público, Gallardo participó activamente en el campo académico y profesional con la publicación de libros sobre mediación y negociación, como «Mediación Transformadora Negociación Colaborativa, un cambio de paradigma» y «Negociación y Mediación Laboral». También ha sido miembro del Consejo Nacional de Universidadss (CNU) en 1990.
En un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los años 2003 y 2004, Gallardo también figura como uno de los instructores principales del «Curso de Mediación Comunitaria» y «Taller de Mediación Penal» que el Poder Judicial impartió a mediadores de los departamentos del país y a miembros del Consejo Regional del Atlántico Sur y delegados de diversos ministerios.
Según el Acuerdo Presidencial 47-2020, publicado en la Gaceta del 29 de mayo de 2020, Gallardo Palaviccine también fungía como representante de las acciones del Estado de Nicaragua en las entidades Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. (DISSUR) y Distribuidora de Electricidad del Norte S.A. (DISNORTE), cargo que ostentaba el sancionado Iván Acosta, recién defenestrado del cargo de ministro del MHCP.
Caída en desgracia de Acosta
Según información obtenida por diversos medios de comunicación independientes, Acosta habría caído en desgracia ante el dictador Ortega, quien supuestamente lo destituyó con allanamiento a su casa incluido. Además, se presume que el exministro podría estar retenido por la Policía y sometido a interrogatorios.
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La revista Confidencial afirma que tres fuentes vinculadas a Acosta Montalván confirmaron su destitución como ministro de Hacienda y Crédito Público. Los informantes también revelaron que, el pasado 18 de junio, efectivos de la Policía orteguista allanaron tanto el despacho ministerial como la residencia familiar del operador político del régimen.
La ola de persecución que Ortega y Murillo mantiene contra sus propios funcionarios les prohíbe moverse de Managua hacia otros departamentos y salir del país sin su autorización expresa. La vigilancia es tal que incluso para vender un bien personal, como un vehículo o una casa, o enviar a sus hijos a estudiar o de vacaciones fuera del país, se requiere permiso expreso de la pareja dictatorial. Quienes se saltan esta prohibición son inmediatamente sometidos a interrogatorios que podrían culminar en destitución y cárcel.
