El ascenso y caída de Iván Acosta Montalván: De la lealtad ciega a una dictadura a su «renuncia» como Ministro de Hacienda

Tras una ola de especulaciones y rumores acerca de la destitución, investigación y posible encarcelamiento del funcionario orteguista Iván Acosta Montalván, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo finalmente aceptó la supuesta «renuncia» del ahora ex titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Acosta Montalván llegó a ese órgano gubernamental desde febrero de 2012, después de la primera renovación de gabinete que hizo el dictador Ortega en su regreso al poder en 2007.

Antes de su ascenso, Acosta se desempeñó como viceministro de MHCP y Secretario General de la misma cartera sandinista desde 2007. Su carrera en el sector público está marcada por una participación activa en la política sandinista del país y su participación en la coordinación del Presupuesto General de la República​. 

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El exfuncionario estatal se graduó en Economía y posee una Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Es abogado y notario público, autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde 2006. El jurista también obtuvo una Maestría en Derecho Empresarial en la UNAN-Managua, en 2011.

Además, Acosta ha participado en programas de Alta Gerencia Pública en INCAE y posee Cursos Internacionales sobre evaluación de la Gestión y Programas Públicos. Según el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN), Acosta fue un alumno activo del Doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Gerencia Pública de la Universidad de Zulia, Venezuela​.

De igual manera, Acosta fue el representante del orteguismo ante varias instituciones importantes, entre ellos el Consejo del Banco Central de Nicaragua, así como en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)​ y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sancionado por Estados Unidos

A lo largo de su gestión, el economista ha sido identificado como una de las «fichas claves»  en la represión del régimen sandinista y, por tal razón, el Departamento del Tesoro de EE.UU le impuso sanciones en 2020. Las sanciones se impusieron bajo la Orden Ejecutiva 13851, que busca bloquear propiedades de personas que contribuyen a la represión en Nicaragua.

El Tesoro estadounidense acusó a Acosta de organizar un importante apoyo financiero para el régimen orteguista y de amenazar personalmente a los bancos para que no participaran en los «paros nacionales» por líderes de la oposición en marzo de 2019.

Como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses de Acosta en los Estados Unidos quedaron bloqueados y prohibieron a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el exministro. Además, cualquier entidad en la que Acosta tenga una participación del 50% o más también resultó afectada.​

A causa de esto, Acosta fue sustituido como miembro directivo de más de diez organizaciones del Estado debido a que las sanciones afectaron su membresía en  los convenios y acuerdos de cooperación y funciones de los mismos.

Caída en desgracia

Luego de su «renuncia» a su cargo, el dictador Ortega ascendió al viceministro Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como el nuevo titular del MHCP. Este funcionario orteguista había ocupado su anterior cargo desde el 17 de noviembre de 2021, tras la destitución del sancionado José Adrián Chavarría Montenegro.

Según información obtenida por diversos medios de comunicación independientes, Acosta habría caído en desgracia ante el dictador Ortega, quien supuestamente lo destituyó con allanamiento a su casa incluido. Además, se presume que el exministro podría estar retenido por la Policía y sometido a interrogatorios.

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La revista Confidencial afirma que tres fuentes vinculadas a Acosta Montalván confirmaron su destitución como ministro de Hacienda y Crédito Público. Los informantes también revelaron que, el pasado 18 de junio, efectivos de la Policía orteguista allanaron tanto el despacho ministerial como la residencia familiar del operador político del régimen.

La ola de persecución que Ortega y Murillo mantiene contra sus propios funcionarios les prohíbe moverse de Managua hacia otros departamentos y salir del país sin su autorización expresa. La vigilancia es tal que incluso para vender un bien personal, como un vehículo o una casa, o enviar a sus hijos a estudiar o de vacaciones fuera del país, se requiere permiso expreso de la pareja dictatorial. Quienes se saltan esta prohibición son inmediatamente sometidos a interrogatorios que podrían culminar en destitución y cárcel.