Dictadura retira las patrullas policiales que vigilaban la casa de la madre e hijo de Rafael Solís

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó retirar las patrullas policiales que habían mantenido una vigilancia extrema en las residencias de la madre y el hijo mayor del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y padrino de bodas de la pareja dictatorial, Rafael Solís.

El exfuncionario orteguista declaró al portal de comunicación Nicaragua Investiga que «al menos 10 patrullas policiales» se estacionaron desde el pasado viernes, 31 de mayo, alrededor de la casa de Rafaela Cerda y Rafael Ernesto Solís Castillo, madre e hijo de Solís, respectivamente.

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Desde el exilio, el exmagistrado Rafael Solís expresó estar «especialmente preocupado» por el estado de salud de su madre, Rafaela Cerda, una anciana de 93 años. A pesar de esta preocupación, los agentes represivos comenzaron a retirarse «de forma paulatina» la noche de ese mismo día.

Solís consideró que el asedio policial fue un método de «intimidación en su contra», dado que, hace unos días, había brindado entrevistas a medios independientes y propuesto siete estrategias para derrocar al régimen, incluyendo la formación de una «insurrección popular armada».

¿Qué dijo Rafael Solís?

Tras la última declaración del dictador Daniel Ortega, en la que aseguró que no va a negociar con Estados Unidos una salida a la crisis política que vive Nicaragua, Solís propuso siete opciones para sacar del poder a la pareja dictatorial.

Durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, Solís, una de las figuras de mayor rango y cercanía a la familia dictatorial que ha desertado del régimen, explicó que una de las alternativas para derrocar a la dictadura es un «levantamiento popular armado» que podría estar acompañado por una huelga general indefinida y embargos comerciales, hasta obligar a los dictadores a dejar el poder.

El exmagistrado también detalló otras opciones como «el bloqueo económico» y recordó que el régimen se sostiene mayoritariamente por la gran cantidad de dinero que recibe por operaciones comerciales con empresarios estadounidenses.

Solís también propone que junto con la movilización popular se lleve a cabo un gran paro nacional de varios días, el cual debería contar con el firme compromiso del sector empresarial del país, que hasta ahora ha mantenido silencio y continuado sus actividades comerciales, a pesar de operar bajo las amenazas y presiones del régimen.

Ola de confiscaciones

El 29 de enero de 2024, las fuerzas represivas del régimen confiscaron el Hotel Casablanca, ubicado en San Juan del Sur, Rivas, y que pertenecía a la madre del exasesor judicial. Actualmente, en esta propiedad funciona la Escuela Hotel Nicarao, donde el INATEC ofrece cursos gratuitos a los jóvenes locales.

Posteriormente, la Policía orteguista desalojó de su residencia de Villa Fontana, en Managua, a Rafaela Cerda. Las autoridades del régimen se presentaron al edificio con cuatro patrullas y le informaron a la anciana que, a partir de ese momento, su casa era «propiedad del Estado nicaragüense».

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De igual manera, el pasado 26 de febrero múltiples propietarios de los negocios ubicados en la Plaza Isabella, Managua, abandonaron el centro comercial y se fueron con todas sus pertenencias. Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) confiscaron la propiedad perteneciente a Ana Isabel Solís, la hermana del exmagistrado sandinista.

Una segunda fuente ligada con la PGR relató a este medio de comunicación que el Estado arremetió en contra de tres casas pertenecientes a otros familiares cercanos de Solís. Estas propiedades también estaban ubicadas en Villa Fontana. De acuerdo con el informante, «hace días» los trabajadores estatales llegaron al residencial para mostrar las órdenes de confiscación.