Virgilio Silva, expresidente de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), fue defenestrando de su puesto como titular de esa entidad del Estados. La caída en «desgracia» se debe supuestamente a movimientos financieros anómalos, según reveló Confidencial.
Silva presuntamente es propietario de maquinaria para dragado que eran usadas en los puertos del país, dijo al medio una fuente ligada al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). El MTI ahora es la institución que tutela la EPN tras la salida de Silva.
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Dichas maquinarias del expresidente de la EPN no estaban registradas a su nombre; sino que figuraban a nombre de otras personas, o sea, testaferros, una vieja práctica en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El exfuncionario orteguista habría sido objeto de investigación desde principios de año. El régimen nombró una comisión para investigar a la EPN que estaba conformada por el ministro del MTI, Óscar Mojica; Laureano Ortega, hijo de la pareja dictatorial; Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público; y Francisco (Chico) López.
Los miembros de comisión solicitaron informes de diversos proyectos que dirigió Silva, entre ellos la ampliación y modernización de los puertos de Corinto y Puerto Sandino, en el Pacífico. Además, la preinversión en el muelle de Bluefields y la ampliación del Paseo «Salvador Allende» en Managua.
El 27 de mayo se cumplió un año de la acusación por supuesto «lavado de dinero» hecha pública por la Policía orteguista contra la Iglesia católica de Nicaragua y, hasta la fecha, los «investigadores», que prometieron informar sobre los avances, no han dicho nada más; sin embargo, siguen manteniendo congeladas las cuentas de la institución religiosa y el dinero ocupado «se lo robaron», dice analista.
La Policía orteguista, que se jacta de ser preparada para combatir «el crimen organizado» por el centro de entrenamiento policial ruso instalado en Managua, no ha logrado concluir con las investigaciones o simplemente no encontraron ningún ilícito y por ello han optado por quedarse callados, exponen analistas consultados por Artículo 66.
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La abogada Martha Patricia Molina, experta en temas de anticorrupción e investigadora que ha dado seguimiento a la represión contra la Iglesia, indicó que, de acuerdo con la información que ella maneja, la dictadura Ortega-Murillo mantiene congeladas las cuentas de la institución religiosa y hasta ahora no informan sobre el estado de las investigaciones por el supuesto lavado de dinero.
«No ha habido información de la investigación ilegal que está realizando la Policía sandinista. Se robaron el dinero como lo están haciendo con las propiedades de los opositores», sostiene la abogada.
Por su parte, el politólogo y exreo político Félix Maradiaga sostiene que, en la supuesta investigación contra la Iglesia católica, para la dictadura «las formalidades y los procedimientos legales no son más que un teatro desechable en su implacable escenario de represión».
Cinco meses después de que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos, fuera desterrado al Vaticano, el fray estadounidense Gabriel Enmanuel Monaghan fue designado en el puesto de administrador de la Catedral San Pedro, de Matagalpa.
El domingo, 26 de mayo, a través de su página oficial de Facebook, la sede religiosa expresó que recibieron «con mucha alegría» el nombramiento del religioso, quien pertenece a la congregación de los frailes de la Renovación.
La lectura del decreto fue realizada por monseñor Edgar Sacaza, vicario de Pastoral de la Diócesis matagalpina. Además de la catedral, Monaghan también administrará el templo San Felipe Apóstol, en Molagüina, y el Santuario del Divino Niño, ubicado en la comunidad Fuente Pura.
De igual manera, el sacerdote Paul Tinoco, anterior párroco de Molagüina, se desempeñará como administrador de la iglesia San Juan María Vianney, en Matagalpa, según informó la publicación.
