Dictadura Ortega-Murillo, al confiscar isleta a Juan Sebastián Chamorro evidencia «saña y odio» contra opositores y sus familiares

La dictadura Ortega-Murillo, al asaltar con su Policía y materializar de esa forma la confiscación, este fin de semana, de una isleta, localizada en el Lago de Nicaragua, propiedad del opositor, Juan Sebastián Chamorro, pone de manifiesto la extrema «saña y odio» contra los opositores políticos y sus familiares.
El pasado sábado, 25 de mayo, efectivos de la Policía al servicio de la dictadura, tomaron por asalto una isleta localizada en el reconocido destino turístico Las Isletas de Granada, en el Lago Cocibolca, también conocido como Lago de Nicaragua. Dicha propiedad le pertenece al dirigente opositor, exreo político, desterrado y desnacionalizado, Juan Sebastián Chamorro García.
El economista y dirigente político, actualmente desterrado en Estados Unidos, ha sido un activo crítico de la dictadura Ortega-Murillo, al punto de haber encabezado, junto a otros líderes opositores, los intentos de Diálogo Nacional que se dieron en el país para buscar una solución a la crisis política que se recrudeció a partir de 2018 y en los que además se le exigió la renuncia al dictador Ortega y su mujer, la vicedictadora Rosario Murillo.
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Chamorro intentó desafiar el poder a Ortega en las votaciones nacionales de 2021, al anunciar su precandidatura presidencial por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), pero no corrió mucho, pues antes de que se hiciera la convocatoria a elecciones, los Ortega-Murillo ordenaron su encarcelamiento. Tras casi dos años de cárcel lo desnacionalizaron, desterraron y ordenaron la confiscación de todos sus bienes.
La isleta confiscada a Chamorro García fue adquirida por él como herencia de su fallecido padre, el director fundador de El Nuevo Diario, Xavier Chamorro Cardenal, quien a su vez había adquirido de forma legítima dicha propiedad en 1975, según información publicada por el diario la Prensa.
Saña y odio contra familiares
La vengativa represión por parte de los dictadores Ortega y Murillo no se ha limitado a los dirigentes opositores sino que han actuado con saña y odio incluso contra sus familiares, tal como lo han denunciado en distintas ocasiones.
En el caso de Chamorro García, recientemente el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) falló un juicio en contra de su esposa, Victoria Cárdenas, en un litigio familiar que involucra propiedades y acciones de la sociedad Inmobiliaria Intermezzo.
El dirigente opositor ha denunciado que el juicio contra su esposa está viciado por razones políticas.
Otro caso que evidencia el ensañamiento de los dictadores contra las familias de los opositores es la reciente confiscación de las propiedades de la mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exasesor muy cercano de la pareja dictatorial, Rafael Solís.
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En una entrevista ofrecida al medio de comunicación Nicaragua Investiga, Solís acusó a la dictadura de actuar con saña y odio pues advirtió que, la confiscación debió ser contra él, no contra sus familiares.
El régimen de Nicaragua, recientemente ejecutó la confiscación del Hotel Casablanca, ubicado en San Juan del Sur, propiedad de su mamá. El edificio fue convertido hace unos días en una escuela de hotelería.
«Todo esto es contra mi, olvidate, claro que es contra mi, la casa, el hotel lo confiscaron por mi, yo de eso estoy claro y eso es lo que me hace sentir incómodo, la casa de Managua, de mi mamá también la confiscaron por mí, confiscaron la mía, fue una ofensiva contra mí y mi familia, confiscaron el centro comercial de mi hermana, la casa de mi hermana, la de mi sobrino», denunció Solís a NI.
Para el exmagistrado las confiscaciones debieron limitarse a los opositores incluidos en las listas de los 222 excarcelados políticos desterrados en mayo de 2022 y los 94 desnacionalizados luego, que ya estaban en el exilio.
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«No tenían porque hacer extensivas las confiscaciones a familiares de las personas que habían dicho que estaban confiscadas. Yo ahí siento mucha saña, mucho odio en contra ya de mi persona», señaló.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción del organismo Hagamos Democracia, en una reciente investigación sobre las confiscaciones cuantificó en aproximadamente 250 millones de dólares una parte de lo confiscado por la dictadura de Nicaragua, pero advirtió que eso solo es «la punta del iceberg» de todo lo robado por los Ortega-Murillo.

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