La dictadura Ortega-Murillo ordenó la reforma a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) y purgó de la comisión que dirige esa instancia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), eliminando de esta forma todo control judicial sobre el lavado de dinero y confirmando a la vez la purga iniciada por la pareja Ortega-Murillo contra el Poder Judicial.
Los diputados de la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura sandinista aprobaron la Ley 1201, mediante la cual reforman el articulo 6, de la Ley 977, «Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», según informa la gaceta diario Oficial de este viernes 26 de abril.
El artículo 6 de la Ley, antes de la modificación, definía a los integrantes del Consejo que rige la instancia de Antilavado, donde estaban integradas, entre otras instituciones, la (CSJ), como institución garante de la aplicación de justicia en los casos que competen a la norma contra el lavado de activos y la corrupción, y la Comisión Nacional de Microfinanzas (Conami), el ente que funciona como la «superintendencia» de las instituciones microfinancieras.
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La Ley 1201, o de Reforma Ley de Reforma a la Ley 977, en su artículo uno, luego de la reforma, se leerá así: «Créase el Consejo Nacional Anti-lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/ CFT/CFP) el que en lo sucesivo se denominará el “Consejo”».
De tal manera que, según esa reforma, el Consejo ahora está integrado por un coordinador general, cargo que ejercerá el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, el Consejo de Coordinación lo integran el superintendente de Bancos y de Otras instituciones Financieras, la Procuradora General de la República, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), el ministro de Hacienda y Crédito Público y la(el) Fiscal General de la República.
También son miembros de la instancia el director general de la Policía Nacional, el ministro asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad y el viceministro del Interior. Ya no aparece la CSJ.
Ortega desmantela al Poder Judicial
Para el economista y dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, la reforma a la instancia de vigilancia de antilavado ordenada por la dictadura, claramente denota que el objetivo era purgar de ese consejo al Poder Judicial e incorporar a dos personajes comprometidos con la represión y de los más leales a Ortega.
Asimismo, Chamorro sostiene que, la eliminación del máximo tribunal de justicia del Consejo de Antilavado, confirma, «la purga», de que está siendo objeto la Corte. Y, para el caso de la microfinanciera, Ortega eliminó la poca fiscalización que quedaba ahí.
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Asimismo, el exreo político desterrado por la dictadura, llama la atención sobre el hecho de que Ortega ordena incluir en el Consejo de Antilavado específicamente a dos de sus operadores políticos que además son agentes represores de los más leales: el asesor presidencial para Asuntos de Seguridad y exsubdirector de la Policía, Horacio Rocha, «encargado de las investigaciones para policiales», advierte Chamorro.
Agrega que, el otro personaje de cuidado es el viceministro del Interior, ahora comisionado general, Luis Cañas, quien es señalado de ser un «carcelero de los nicaragüenses».
El economista analiza que la reforma que hace la dictadura «elimina todo tipo de supervisión microfinanciera y judicial y «se consolida más como un aparato represivo para acusar a activistas».