Las instituciones de la dictadura de Daniel Ortega presentan debilidad en la lucha contra el lavado de dinero, debido al control político y «opacidad» de sus actuaciones, explicaron expertos de la región durante el conversatorio sobre «Amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de dinero en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua», realizado este viernes, 29 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos.
En el foro promovido por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem) participaron los panelistas Gabriel Gómez, exmagistrado judicial de Guatemala, José Luis Campos, con experiencia en Derecho Penal de Costa Rica; el abogado Boanerges Fornos, especialista en Derecho penal y Derecho Procesal Penal de Nicaragua, y economista y analista político nicaragaüense Enrique Sáenz.
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Nicaragua tiene un marco legal normativo bastante aceptable que ha implementado algunos aspectos de la Convención de Palermo, sin embargo, «el inconveniente no radica en nuestro marco normativo, sino que uno de los principales desafíos que tiene Nicaragua es que ese marco pueda ser de utilidad y efectivamente se esté aplicando, ya que existe grave credibilidad de la labor que realizan las instituciones y los funcionarios. Se percibe que existe un control político y que la actuaciones de los funcionarios y entidades responden a este criterio», indicó el doctor Fornos.
La reflexión llega tras una fuerte persecución contra opositores en el país, encarcelados por el régimen Ortega-Murillo, y acusados bajo diversos delitos, entre ellos, la supuesta comisión de lavado de dinero. Hasta ahora no se ha presentado, de manera pública, una prueba que los involucre en este acto delictivo.
El economista Enrique Sáenz explicó que el lavado de activos «es un delito que se encuentra, a su vez, asociado a otros delitos» y se trata de un «proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos de actividades ilegales y criminales». Las fuentes de muchos acusados son agencias de cooperación internacional acreditadas, que mantienen relaciones de cooperación con ONG y progubernamentales.
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Fornos continuó señalando que «lamentablemente los regímenes con vocación autoritaria no construyen instituciones, sino que debilitan instituciones, por eso es importante el tema de política de persecución y de acuerdos regionales que permitan establecer mecanismos para evitar que las instituciones puedan ser utilizadas con fines de persecución política».
En contraste con los señalamientos que el régimen realiza hacia opositores, Nicaragua, bajo la administración de Ortega, se ubica entre los países de alto riesgo para el lavado de activos, según el Índice de Antilavado de Basilea 2021 en Latinoamérica y el Caribe.
«Los funcionarios son más proclives a cometer actos de corrupción ante la ausencia de controles que fiscalicen su labor», sostuvo Fornos.
Ejemplificó que el país tiene una Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados del Crimen Organizado, sin embargo, «no sabemos si materialmente existe, si efectivamente hay una adecuada administración. No se sabe si está realizando distribución conforme Ley, cuánto se ha incautado y que se introduzca vía Presupuesto (PGR), es probable que eso se realice de forma extraoficial».
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El costarricense José Luis Campos manifestó, por su parte, que «tenemos que dejar de ver el delito de legitimación de capitales como unido (únicamente) al tráfico de drogas» y advirtió que la región es un punto geográfico muy apetecible para el blanqueo de capitales, para todo tipo de financiamiento de actividades delictivas.
El guatemalteco Gabriel Gómez alertó que, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala 2020-2021, se duplicaron las transacciones de lavado a causa de dinero proveniente de tráfico de migrantes (remesas) y las criptomonedas. «Nuestros gobiernos son muy débiles como para poder exigir que las empresas revelen quiénes son las beneficiarias finales. Falta de colaboración entre las distintas jurisdicciones. El sistema de asistencia legal mutua que los países utilizan es torpe y lenta, y existe falta de voluntad y recursos», indicó.
Los expertos coinciden en que para que exista un adecuado y eficaz combate se requiere que cada una de las UAF establezcan claras políticas de persecución y autonomía e independencia frente a grupos con intereses económicos, políticos o de otra naturaleza.
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Proponen un régimen sancionatorio a nivel administrativo de mayor fortaleza, indemnización por daño social, régimen preventivo, involucrar a parlamentarios, candidatos a cargos públicos; refuerzo de institucionalidad y Estado de Derecho, y el compromiso de las autoridades.
Enrique Sáenz concluyó que «este no es solo un problema técnico, solamente financiero, sino que nos atañe a todos/as porque no solo están las afectaciones económicas, no solo están las amenazas que representa la presencia del crimen transnacional, sino también está la amenaza de captura del Estado o desnaturalización de las funciones públicas que, al final, puede traducirse en afectaciones a nuestros derechos y a nuestras libertades ciudadanas».