El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo unificó «un frente» con la Federación de Rusia al firmar una declaración conjunta «sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales» impuestas a Nicaragua por otros Estados.
En la ceremonia, realizada este lunes, 22 de abril, en Moscú, el canciller ruso Serguey Lavrov y Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial y representante especial del presidente para los Asuntos con Rusia, realizaron la firma del documento, una ocupación que, en el caso de Nicaragua, debería desempeñar el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres.
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Lavrov y Ortega Murillo intercambiaron «fraternos saludos» de los dictadores de sus respectivos países y también «reafirmaron los apoyos mutuos en todos los ámbitos, así como el carácter de asociación estratégica entre Nicaragua y Rusia».
¿Qué dice la declaración conjunta?
Una de las directrices que el régimen orteguista y la dictadura de Putin estipularon para «contrarrestar, mitigar y reparar los impactos adversos» de las sanciones fue que «no deben reconocerse ni aplicar medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, aplicadas por un tercer Estado, grupo o asociación de Estados ni violaciones de la Carta de las Naciones Unidas ni del derecho internacional».
«Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de adoptar, promulgar y aplicar medidas coercitivas unilaterales que impidan el pleno logro del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo», detalla el documento, difundido por los medios de comunicación oficialistas.
De igual manera, «las propiedades y activos estatales y privados, incluidas cuentas bancarias, bonos, bienes inmuebles, así como locales e instalaciones consulares y diplomáticas, estarán inmunes y no sujetos a congelamiento, decomiso o cualquier otra forma de confiscación o restricción que surja de la implementación de medidas coercitivas unilaterales por parte de cualquier autoridad».
En caso de que las medidas restrictivas causen alguna pérdida económica al país sancionado, «el Estado que haya infligido dicha pérdida a personas naturales o jurídicas, mediante sus acciones o la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales, será principalmente responsable de indemnizaciones y daños».
La declaración conjunta también detalla que «nadie será privado de la libertad ni estará sujeto a ninguna otra forma de restricción basada en actos, leyes o políticas coercitivas unilaterales. Las autoridades ejecutivas y judiciales llevarán a cabo una revisión rigurosa de todos los documentos y pruebas que les presenten a fin de evitar dar efecto injustificado a medidas coercitivas unilaterales».
Otro apartado de la declaración declara que si una sanción afecta negativamente a la población e impide «el pleno disfrute de los derechos humanos de esa población, incluidos los económicos, sociales y culturales, será considerada una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos».
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Los regímenes autoritarios también consideraron inaceptables que se apliquen penalizaciones «en el ámbito cultural, contra figuras culturales e históricas específicas basadas en su nacionalidad, ciudadanía o convicciones y afiliaciones políticas, así como la práctica de ‘cancelar la cultura’ de naciones o pueblos específicos».
Al finalizar la declaración, Rusia y Nicaragua alentaron al resto de Estados a «adoptar leyes y reglamentos para hacer cumplir las medidas estipuladas en estas directrices».
Estados Unidos es el país que más sanciones ha impuesto a la pareja dictatorial y a 45 de sus altos funcionarios, quienes no pueden entrar a la nación norteamericana debido a que cometieron crímenes de lesa humanidad y son considerados responsables del destierro, desnacionalización y confiscación de bienes de más de 300 nicaragüenses.