El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denunció que este lunes,15 de abril, fue encontrado el cadáver calcinado del preso político Carlos Alberto García Juárez, en el vertedero municipal de Jinotepe, Carazo. A pesar de que la Policía Nacional, al servicio de la dictadura nicaragüense, afirma que su muerte «no es un asesinato, la organización independiente destaca que hay una serie de irregularidades en el caso.
En un vídeo difundido en redes sociales, un periodista de la oficialista Radio Ya afirmó, sin mencionar el nombre de la víctima, que el cadáver «ha aparecido en estado esquelético» y que «ya había sido llevado al Instituto de Medicina Legal», en Managua.
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«El reportaje del propagandista de Radio se cae por su propio peso. Los ciudadanos confirmaron que el cuerpo estaba un 90% quemado, pero no en ‘estado esquelético’, como afirma el periodista», detalla un informe difundido por el grupo. Además, el GREX recalcó que «ningún cadáver alcanza el grado de descomposición esquelético en dos días».
El GREX señaló que García Suárez fue visto en su ciudad natal dos días antes de que su cuerpo fuera encontrado incinerado. El jinotegano fue encarcelado en noviembre del 2018, después de que la Policía lo acusara de ser «cabecilla de los tranques» y fue liberado hasta el 20 de mayo del 2019.
La organización destacó que «García mantenía sus posiciones políticas opositoras y, en muchas ocasiones, había lanzado condenas abiertas y públicas a las fuerzas policiales, lo que era molesto para esta institución parcializada, convertida en aparato de defensa del régimen que nos oprime y persigue».
«A pesar de encontrarse en una situación de riesgo, su condición física era normal y por su carácter y buen trato, era una persona apreciada en la comunidad, donde laboraba en el oficio de la zapatería», reportó el GREX.
Muerte extraña
De igual manera, el grupo político sostiene que la muerte de García fue «un hecho reciente» y no «algo de semanas anteriores». «No es un hecho común este tipo de muerte atroz en su ciudad natal, ni se conocen motivos o enemistades que puedan haber provocado este tipo de muerte», agrega el reporte.
La organización manifiesta que «en el contexto del sexto aniversario de la rebelión de abril del 2018, y de las recientes acciones que han llevado a la captura de dos excarcelados políticos en distintas partes del país, nos lleva a demandar e intuir que para el esclarecimiento del caso, no es posible una investigación independiente y creíble».
Esto último se debe a que, «en vista del grado de desprestigio, desnaturalización, criminalidad y parcialidad con que opera la Policía orteguista, concluimos que este hecho, igual que muchísimos otros, quedará en la impunidad».
El GREX reitera que «cualquier informe que brinde esta Policía, no podrá llegar al fondo de los hechos y carecerá de credibilidad ante una persona de reconocida posición opositora. Denunciamos que en el reportaje periodístico oficialista, observamos un interés claro de hacer parecer su muerte como un hecho de hace varias semanas».
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Además, el grupo cívico asegura que «solicitaremos y denunciaremos a los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos que registren este caso como uno más de los ataques a los excarcelados políticos, hoy convertidos en objeto de permanente persecución y hostigamiento político».
«Dejamos sentado que el caso de Carlos García Suárez debe ser investigado por órganos competentes y serios, para pedirle cuenta a los responsables directos e indirectos de su muerte», demandó la organización.
La muerte de García se suma a la de otros casos de presos políticos asesinados en 2021, como Ernesto Jarquín Orozco y Marlon Antonio Castro López, que, hasta la fecha, se encuentran en total impunidad, ya que la Policía orteguista no esclarece los hechos ni tampoco ha presentado a los sospechosos detrás de estas muertes.