La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba lanzaron la campaña «ESTÁ PASANDO DE NUEVO», que tiene como objetivo incentivar a países latinoamericanos para que extiendan su solidaridad a las personas presas políticas de los países gobernados por regímenes autoritarios.
Por medio de una conferencia virtual, celebrada la mañana de este jueves, 11 de abril, el periodista y director de la organización Voces de la Memoria, Víctor Navarro, declaró que las dictaduras de la región «han aumentado la represión y exacerbado las detenciones arbitrarias y cada vez existen aún más presos políticos».
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«Nosotros necesitamos de cada uno de los países, a los cuales le hacemos este llamado, para que la campaña pueda llegar a tener éxito y, sobre todo, entender que para los presos políticos, que hoy existen en nuestro país, lo peor que les puede pasar es que los olviden», afirmó el venezolano.
De igual manera, el presidente de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, reiteró que «la campaña trata de buscar la solidaridad de aquellas democracias que, en este momento, pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional hacia el respeto de los derechos humanos».
Larrondo denunció que en Nicaragua permanecen 121 personas privadas de libertad por razones políticas, pero, actualmente, «podríamos estar hablando de alrededor de 130 presos». «Es importante mencionar que en Nicaragua, por ejemplo, desde la salida de los 222 (reos de conciencia) que fueron expatriados y desnacionalizados, la lista se ha aumentado en un 300%», señaló.
Las prácticas represivas de la dictadura contra la libertad de prensa y de expresión, que incluyen amenazas y asedio contra periodistas y sus familiares, estigmatización, cierre de espacios laborales así como el «apagón informativo» que impone el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua, obligaron a otros nueve periodistas a irse del país para ponerse a salvo, con lo que suman ya más de 250 comunicadores en el exilio.
La Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), en su más reciente informe trimestral, divulgado este 10 de abril, informó que, entre enero y marzo del presente año, según su monitoreo, nueve trabajadores de la información nicaragüenses se vieron obligados a abandonar el país.
«Hasta marzo de 2024, alrededor de 251 periodistas, comunicadores, directores y otros trabajadores de medios de comunicación, han tenido que salir del país de manera forzada», indica el informe de FLED.
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El abogado francés Alain Pellet, que fue contratado por el dictador Daniel Ortega para impulsar la demanda contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es un veterano experto en derecho internacional que se ha declarado miembro de «la mafia legal internacional», y ha estado al servicio de los intereses del dictador ruso Vladimir Putin en otros juicios internacionales contra Ucrania.
El politólogo y exprisionero político de la dictadura de Nicaragua, Félix Maradiaga, denunció, este jueves, 11 de abril, que Ortega no ha escatimado en el gasto de los recursos del pueblo nicaragüense para contratar los servicios del abogado Pallet, «un mercenario del derecho internacional», para lanzarlo contra Alemania, en una acusación ante la justicia internacional por supuesto apoyo al genocidio en Palestina.
«Alain Pellet, el abogado francés contratado por la dictadura sandinista en la demanda contra Alemania, ha representado previamente a Rusia en varios casos internacionales. Tras la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, Pellet representó a Moscú ante la CIJ y dos tribunales arbitrales en disputas presentadas por Ucrania», indicó Maradiaga a través de su cuenta personal de X.
El politólogo recordó que el nuevo abogado internacional de la dictadura se ha declarado «mercenario» al servicio de sus clientes. «Somos armas en alquiler, lo que significa que recibimos instrucciones y debemos ser conscientes de las limitaciones políticas del cliente», ha dicho a medios internacionales el jurista francés.