La Alianza Progresista afirmó que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha impuesto en el país un «modelo totalitario» que ha «aniquilado la institucionalidad democrática, las elecciones libres y todas las libertades ciudadanas».
Además, que no permite elecciones libres y conculcó todas las libertades ciudadanas, ha cerrado y confiscado 32 universidades privadas y arrebató la personalidad jurídica a más de 3 mil 560 organizaciones no gubernamentales.
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La resolución, aprobada por la organización política internacional el 22 de marzo, demanda la libertad de más de 100 personas que permanecen detenidas en las cárceles de la dictadura de Managua. También que Ortega y Murillo ejecuta una persecución religiosa, en mayor medida, contra la Iglesia católica mediante cárcel y exilio del clero y las religiosas.
La resolución hace eco del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN) de Naciones Unidas para Nicaragua que establece responsabilidades por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Además, se identifica una lista de los funcionarios orteguistas que deben ser enjuiciados por esos delitos.
«Denunciamos el estado de terror que ha impuesto la dictadura dentro del país y en particular a los familiares de los trescientos diecisiete nicaragüenses despojados de su nacionalidad y de sus bienes en febrero del 2023», menciona.
La nueva resolución de los partidos de izquierda se dio en el marco de una reunión de la Dirección Directiva y Conferencia de la Alianza Progresista en las Américas, en Brasil, los días 22 y 23 de marzo.
Por Nicaragua participó una delegación de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), presidida por su presidente, Luis Blandón; la expresidenta de esa agrupación Suyen Barahona y Héctor Mairena, secretario de relaciones internacionales del movimiento.
«… llamamos a los distintos actores de la comunidad internacional a coadyuvar, mediante diferentes vías, para lograr una salida democrática en Nicaragua, con justicia y libertad», concluye.