La dictadura nicaragüense, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene la prohibición de cualquier actividad religiosa que pretenda realizar la Iglesia católica. Esta Semana Santa se realizarían unas 4 mil 800 procesiones por los cuatro viernes de cuaresma, Domingo de Ramos y la Semana Mayor.
A partir de 2023, el régimen endureció la persecución contra la Iglesia, el clero y sus actividades. Prohibió que toda expresión religiosa se realice fuera de los muros de los templos católicos y ordenó a la Policía incrementar la vigilancia y asedio contra los sacerdotes y la feligresía.
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La abogada, investigadora y autora del estudio «Nicaragua, una Iglesia perseguida», Martha Patricia Molina, afirmó en su cuenta de X que pocas parroquias realizarán procesiones haciendo un recorrido alrededor de la manzana del templo. El viacrucis penitencial del Viernes Santo también fue cancelado.
«La gran mayoría de las parroquias/capillas efectuarán las procesiones intramuros, incluidas las catedrales de las diferentes Diócesis/Arquidiócesis. Las Alcaldías están convocando a actividades religiosas de Semana Santa sin autorización y participación de la Iglesia católica», denunció.
- Etapa de los cristales «no ha cesado»
- Molina asegura que para esta Semana Santa muchas parroquias no realizarán todas las procesiones de la Semana Mayor a como habitualmente la hacían, ni afuera ni adentro de los templos, y que los sacerdotes han optado por ejecutar otras actividades religiosas como rezar el rosario o la vela de una imagen.
«Algunas procesiones han sido permitidas, pero en la cuadra del templo, pero a última hora se presenta un agente de la Policía Nacional y una contraorden para que no salgan, bajo amenaza de ser encarcelados», explicó.
«Todo lo anterior evidencia que la etapa de los cristales rotos, que comete la dictadura en contra de la Iglesia católica, no ha cesado. Las campanas no repican con seguridad alegría y victoria a como lo mencionó en su momento la consorte del dictador Ortega Saavedra», añadió.
Al menos 34 sacerdotes, entre ellos dos obispos, han sido desterrados y sufrido cárcel por la dictadura de Ortega y Murillo. A raíz de la crisis sociopolítica de 2018 el régimen emprendió una ofensiva despiadada contra la Iglesia, sacerdotes y toda persona que muestre su apoyo a la institución religiosa. Ortega y Murillo acusaron a los obispos de dirigir un «golpe de Estado» tras mediar un fallido diálogo nacional.
En seis años de crisis, la dictadura ha ordenado la profanación de templos religiosos, el arresto de sacerdotes, la persecución contra el clero, vigilancia y espionaje permanente a los curas. Además, el cierre de ONG, colegios y universidades ligadas a la Iglesia católica.