El Departamento de Estado de Estados Unidos enmendó las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) para restringir la política de comercio de importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense, destinados o procedentes de Nicaragua. Diferentes opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran que las nuevas sanciones deben tomarse desde «un punto de vista político».
En un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X, el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro consideró que las recientes medidas «no deben verse en el contexto de que el Ejército y la Policía dejan de recibir armamento norteamericano», ya que la dictadura nicaragüense, desde hace años, «el 90% de las armas y el equipamiento que recibe viene o de Rusia o de China».
Noticia relacionada: Sanciones a Ortega sobre el comercio de armas deben verse desde «un punto de vista político», dicen opositores
El activista político considera que el punto principal de esta sanción va encaminada a «identificar a Nicaragua como un lugar prohibido para hacer comercio de armas».
«El negocio de las armas es uno de los mercados más grandes a nivel mundial. La sanción pone a Nicaragua en el faro de la atención de este importante mercado, de tal manera que, si existen otros proveedores que envían equipamiento al Ejército y la Policía de Nicaragua, van a tomar nota de esta prohibición, especialmente si estos proveedores tienen negocio con los Estados Unidos», señaló Chamorro.
El activista y miembro de la directiva de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Héctor Mairena, coincidió en que la medida restrictiva de Estados Unidos debe ser vista desde una perspectiva «política».
Mairena expuso a Artículo 66 que «las razones que señala (el Departamento de Estado) al tomar esta medida es el desmantelamiento de la democracia que ha impuesto en Nicaragua la dictadura de los Ortega-Murillo», así como también «el aumento de la cooperación entre la dictadura nicaragüense y el régimen ruso».
La mayoría de la población nicaragüense ha dejado en claro, una vez más, que no comparte con el dictador Daniel Ortega su apoyo a países u organizaciones no reconocidas como democráticas, así lo reveló una reciente encuesta de CID Gallup, en la que la mayoría de nicas prefieren respaldar al Estado de Israel y no al grupo terrorista palestino Hamás.
El estudio realizado por la firma encuestadora en enero, revela que los nicas prefieren apoyar a Israel en el conflicto que sostiene ese país contra la organización considerada terrorista, Hamás, de Palestina.
Noticia relacionada: Restricción para comprar armas puede ser el aviso de nuevas sanciones al Ejército
CID Gallup afirma que por lo menos 22 de cada 100 nicaragüenses refirieron tener conocimiento del conflicto israelo-palestino y 20 de ellos aseguran que dan su apoyo al Estado de Israel. Solamente dos dijeron estar a favor del grupo palestino Hamás.
En su política internacional, siempre confrontativa contra Occidente, Ortega se sumó a Sudáfrica a una denuncia por genocidio contra Israel.
Y más recientemente, el 29 de enero pasado, denunció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a Alemania por supuestas violaciones a la «Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio».
A partir de 2022 y en 2023 la dictadura de Nicaragua ha ejercido diversos «métodos excepcionales de castigo a quienes considera enemigos», entre ellos está el destierro de 222 personas presas políticas y la desnacionalización de 94 personas.
Además, la negativa de ingreso o salida del país a familiares de rehenes políticos, líderes sociales y religiosos, destaca el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) en la edición 175 de «Perspectivas», un suplemento de análisis político que recoge los principales acontecimientos de la región.
«No les ha bastado con perseguir a decenas de miles de nicaragüenses para que se desplacen de manera forzada durante los últimos cinco años, sino que desde 2022 y particularmente desde febrero de 2023 comenzó a imponer el destierro y la desnacionalización a un grupo importante de personas», destaca Cetcam.