La dictadura de Daniel Ortega no quiere dejar ningún cabo suelto. Ha ordenado al Ministerio del Interior (MINT) que ejerza control sobre las empresas y productoras de espectáculos artísticos en Nicaragua. En La Gaceta No. 47 del 12 de marzo, el MINT publicó una «normativa» para regular este tipo de eventos y a las compañías que los organiza.
En el Acuerdo Ministerio No. 05-2024, la titular de esa cartera, María Amelia Coronel Kinloch, acordó aprobar la «Normativa para la Regulación de Productores, Promotores y Organizadores de Actividades, Eventos o Espectáculos Artísticos Públicos», con el supuesto objetivo de «garantizar la seguridad ciudadana, del Estado y el Orden Interno en el territorio nacional».
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La herramienta jurídica crea un «registro» en el MINT para enlistar a las empresas naturales o jurídicas que se dediquen a la promoción y producción de eventos artísticos. Además, le otorga las facultades de regulación, supervisión y sanción en esta materia.
Las personas o empresas que se dediquen a este tipo de actividades tendrán que solicitar un permiso al MINT, entregar «información necesaria» que pida la institución, someterse a la supervisión de sus eventos y serán sujetos de sanciones por el incumplimiento de la normativa.
La recién propuesta Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, presentada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Asamblea Nacional para su aprobación, obliga a los proveedores de servicios a divulgar información personal de los usuarios, por tal razón, es considerada por los opositores como una demostración de que el gobierno sandinista aspira a mantener «todo bajo su control».
El secretario general del Centro Interamericano de Asistencia Legal de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez Ayérdiz, indicó que estas regulaciones, en el ámbito de las telecomunicaciones, «siguen en la misma línea de consumación del Estado policial, que no solo se conforma con la vigilancia física y el espionaje de las personas que son y perciben como opositoras».
El abogado señaló que «detrás de esta Ley General de Telecomunicaciones, el Estado va a controlar la información de los nicaragüenses». «El hecho de que las operadoras tengan que dar información es un acto inconstitucional porque el Texto Supremo establece que todas las comunicaciones entre los particulares están protegidas, lo cual sigue en la línea de las graves violaciones de derechos humanos», denunció el nicaragüense.
De igual manera, afirmó que las visitas de TELCOR a las instalaciones de operadores de servicios públicos significa que en un futuro podrían ser «confiscadas». «Así como lo hizo la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) con las supuestas visitas a universidades, sin que hubiera un proceso previo», agrega el funcionario de Calidh.
De igual manera, Héctor Mairena, miembro de la directiva de la Unidad Azul y Blanco, afirmó que la nueva Ley General de Telecomunicaciones «es parte del ‘atornillamiento’ que está haciendo el régimen de Ortega para establecer un mayor control sobre la sociedad nicaragüense».
«La ley, que sin duda va a ser aprobada por la oficina legislativa de Ortega, da la potestad al regulador de TELCOR para que pueda conocer el consumo de los usuarios. Evidentemente, eso es una intromisión en el ámbito privado de los ciudadanos y que, sin duda, va a ser utilizado para conocer el consumo de medios de comunicación en internet o televisión por cable de los nicaragüenses», apuntó el opositor.
Tras anunciar que su documental donde retrataba la situación sociopolítica de Nicaragua fue «tumbado» de YouTube, el creador de contenido venezolano Óscar Alejandro Pérez Martínez publicó un vídeo para explicar de qué manera los troles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron su vídeo y lograron eliminarlo de la plataforma.
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El youtuber relató que, hace dos días, recibió un correo donde le notificaron que se eliminó el vídeo porque YouTube «recibió una solicitud de eliminación por el incumplimiento de los derechos de autor», por parte del canal Juventud Presidente (JP+), perteneciente a la dictadura nicaragüense.
«Yo le doy a mi editor todas las indicaciones de dónde van las imágenes que grabo con mi propia cámara y cuando vamos a narrar hechos históricos como, por ejemplo, la llegada de Daniel Ortega al poder son imágenes de archivo que las bajamos de YouTube», explicó.
Aunque el procedimiento correcto para utilizar recursos audiovisuales en vídeos propios es escribirle a los dueños y pedirles autorización, Pérez explicó que en el «Derecho Internacional de Protección de Contenido existe el Fair Use (Derecho Justo) que permite utilizar un fragmento de 10 a 15 segundos en los que no se utilice el audio, solo el video».
Sin embargo, el creador de contenido reconoce que la eliminación de su vídeo sobre Nicaragua fue una «falla grupal». «Si todos hubiésemos estado claros que es JP+, a mí se me hubieran encendido las alarmas y le hubiese dicho a mi equipo de edición: ‘Hey, cambia eso porque estás utilizando imágenes de un canal pro gobierno de Daniel Ortega. A esa gente le va a molestar que utilicemos sus vídeos para hacer los nuestros’», comentó el influencer.
