Ortega recula y elimina cobros por filmaciones en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega ordenó derogar la reforma a la Ley de la Cinemateca Nacional, la misma que establecía cobros de entre 500 y 4 mil córdobas, en concepto de permisos, por las producciones audiovisuales rodadas en Nicaragua. El régimen pretendía controlar todo lo que se filma en el país.

La iniciativa fue enviada por el dictador al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el pasado cinco de marzo, y en la exposición de motivos Ortega señala que se hizo una «revisión» de las políticas públicas en relación a la promoción de la cinematografía y audiovisual nicaragüense.

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La dictadura afirma que la eliminación de los cobros por permisos para filmar y publicar los productos audiovisuales, se hace para «fortalecer y hacer más accesible el desarrollo de las actividades artísticas para el pueblo de Nicaragua».

La Ley No. 1191, Ley de Reforma a la Ley No. 909, Ley Creadora de la Cinemateca Nacional, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 21 del 05 de febrero de 2024, hace menos de dos meses.

Según la Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora sandinista, los cobros tenían como objetivo «facilitar y agilizar los servicios que esta institución brinda, para promover el desarrollo y realización de las producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz, valores y de respeto».

La Ley dictaba precios para la comercialización y distribución de producciones audiovisuales, así como a la enseñanza de filmación de películas y el derecho de filmación de extranjeros. Estos impuestos variaban si las personas son naturales o jurídicas.

Las tarifas por prestación de servicios del organismo cinematográfico fueron «consideradas renta con destino específico y serán depositados en una cuenta única del Tesoro, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá a dicha institución de conformidad a la ley de la materia».

La Cinemateca Nacional es dirigida por Idania Castillo, la exnuera de Ortega y Rosario Murillo, quien además está designada por la dictadura para coordinar las comunicaciones y solicitudes de los corresponsales extranjeros, aunque con el avance del bloqueo oficial a los medios de comunicación, esa función ha sido reducida a recibir mensajes que nunca responde.