En su afán por controlar todo lo que se filma en Nicaragua, para evitar un discurso distinto al de un país «prosperado y en victorias», el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó los cobros que hará a cualquier producción audiovisual que se realice en el país.
La reforma a la Ley de la Cinemateca fue publicada en La Gaceta No. 21, de este lunes, cinco de febrero de 2024, y con esto selló las tarifas que cobrará en concepto de «permisos» para producir, filmar, distribuir y exhibir obras audiovisuales filmadas en Nicaragua.
Los permisos varían de 500 a 4 mil córdobas. La producción de obra audiovisual o cinematográfica tiene un costo de 1 mil 500 córdobas para una persona natural y 3 mil para persona jurídica, la renovación de dichos permisos es la mitad del precio inicial.
El derecho de filmación a extranjeros tiene un valor de C$2 mil 500 para persona natural y C$4 mil para personas jurídicas; la distribución de obras audiovisuales y/o cinematográficas quedó fijado en C$500 para una persona natural y C$1000 para personas jurídicas.
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La exhibición de obras audiovisuales y/o cinematográficas tendrá un costo de un C$1000 para persona natural y C$2000 para persona jurídica. La Cinemateca Nacional es dirigida por la exnuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Idania Castillo.
Según la Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora sandinista, la reforma tiene como objetivo «facilitar y agilizar los servicios que esta institución brinda, para promover el desarrollo y realización de las producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz, valores y de respeto».
La Ley dicta precios para la comercialización y distribución de producciones audiovisuales, así como a la enseñanza de filmación de películas y el derecho de filmación de extranjeros. Estos impuestos varían si las personas son naturales o jurídicas.
Las tarifas por prestación de servicios del organismo cinematográfico serán «consideradas renta con destino específico y serán depositados en una cuenta única del Tesoro, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá a dicha institución de conformidad a la ley de la materia».
