Organizaciones políticas de oposición en el exilio rechazaron y expresaron su preocupación ante la nueva «farsa electoral» en las votaciones regionales del Caribe de Nicaragua. Afirman que dicho proceso terminó de instaurar en el país centroamericano el régimen de «partido único».
En estas votaciones regionales el Consejo Supremo Electoral (CSE) le asignó el 88.95% de los votos válido al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Para este proceso se habilitaron 751 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en 308 Centros de Votación (CV).
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La Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) considera que las votaciones cooptaron la autodeterminación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero que los caribeños mostraron su rechazo al registrarse un abstencionismo del 85%.
«Esto para expresar su descontento ante la invasión de colonos, el desplazamiento de comunidades indígenas, la persecución a opositores y las violaciones a la independencia y autonomía», resalta el comunicado de PUDE.
«Durante este llamado “proceso electoral” se ha socavado la voluntad popular para que el FSLN tome control de los gobiernos regionales y se termine de configurar el modelo de partido único en el país», añaden.
Los opositores refieren que el actuar de la dictadura demuestra que no tiene las intenciones de ceder nada en sus «planes de control absolutista y totalitario de la sociedad nicaragüense, incluidos los Gobiernos Regionales Autónomos de la Costa Caribe».
Las elecciones regionales del Caribe nicaragüense se realizaron bajo el control absoluto del FSLN, el partido político del dictador Daniel Ortega. Urnas Abiertas (UA) documentó una serie de irregularidades previo y durante el proceso de votaciones.
La organización denunció coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Todas estas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado.
El Gobierno de Estados Unidos señaló que el régimen Ortega Murillo nuevamente negó a los nicaragüenses «sus derechos básicos e impidió elecciones libres y justas en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe».