Las elecciones regionales del Caribe nicaragüense se realizaron bajo el control absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político del dictador Daniel Ortega. Urnas Abiertas (UA) documentó una serie de irregularidades previo y durante el proceso de votaciones.
La organización denunció coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Todas estas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado.
Según el informe de UA, en las últimas horas de la votación se reportó que, ante la baja afluencia de votantes, el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó amenazas y presión a trabajadores del Estado.
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«En estos comicios se ha destacado la movilización de votantes, tanto de personas externas a las regiones autónomas, como movilización interna entre los propios municipios o comarcas del Caribe», resalta el informe.
La organización documentó que en los barrios y comunidades, se movilizaron a adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas con la amenaza quitarles la pensión si no asistían a votar.
El transporte de votantes del FSLN a las JRV en vehículos del Estado se reportó en los siguientes 15 municipios: Waspam, El Tortuguero, Bluefields, Desembocadura de Río Grande, Kukra Hill, Corn Island, La Cruz de Río Grande, Puerto Cabezas, Paiwas, El Tortuguero, Laguna de Perlas, Bonanza, Prinzapolka, Rosita y Siuna.
Las instituciones que se prestaron a cometer estos delitos electorales para beneficiar el FSLN y sus candidatos son: Policía Nacional, Ministerio de Salud (MINSA), Bomberos, Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de la Familia (MIFAM), Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Poder Judicial, Gobiernos regionales, Universidades regionales, entre otras.
«Otra práctica para desincentivar el voto opuesto al oficialismo, a través de cambio repentino de CV a lugares alejados, amenazas y asedio policial a personas percibidas como opositoras», reseñó UA.
Violencia política
Urnas Abiertas denunció el aumento de la presencia de paramilitares en Bluefields, en los barrios Punta Fría, El Canal y El Central; movilización de paraestatales de Bluefields para controlar el proceso de votación en El Tortuguero; detenciones arbitrarias y amenazas a fiscales liberales para evitar que desempeñen sus funciones.
Además, patrullaje policial en Bluefields y Puerto Cabezas; prohibición de ingreso a Centros de Votación (CV) a personas percibidas como opositores; policías armados dentro de los recintos de votación; asedio policial afuera de los CV y en viviendas de personas opositoras.
También, amenazas a comunitarios para evitar que llamen al NO voto; agresiones físicas a comunitarios; requisa de antimotines a jóvenes antes de ingresar al CV; asedio e intimidación de militantes sandinistas en puestos de control ubicados fuera de los CV y amenazas a personas que exigieron que revisaran la razón por la que no aparecían en el padrón.
Los resultados «oficiales»
El primer informe preliminar de las votaciones del Caribe, presentado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), le da al FSLN el 89.86% de los votos válidos con el 57.66% de los JRV escrutadas. En total fueron 751 JRV habilitadas en 308 CV.
Al corte del primer informe se habían recibido un total de 433 actas de igual número de JRV. En esas juntas recibieron 105 mil 195 votos válidos y 3 mil 281 nulos. El CSE situó la participación ciudadana en 48.30%.
Así designó el CSE la cantidad y porcentaje de votos para los partidos políticos que participaron de las votaciones regionales: PLC 7 mil 148 votos (7.01%); FSLN 91 mil 580 votos (89.86%); ALN 1 mil 805 votos (1.77%); APRE 654 votos (0.64%); PLI 727 votos (0.71%).