La comunidad Buenos Aires de Wina, jurisdicción de la microrregión de Ayapal, en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, se «estremeció» por el crimen contra un padre y un hijo, quienes fueron acribillados por varios sujetos.
Los criminales llegaron hasta la vivienda de las víctimas ubicada en la comunidad y ahí acabaron con sus vidas para robarles dinero. Los comunitarios se declararon «extremadamente preocupados» porque se suponía que las víctimas, debían estar seguros en sus viviendas.
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Un comunitario criticó el poco patrullaje de la Policía Nacional, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para garantizar la seguridad ciudadana en zonas alejadas. «Lo que sabemos es que faltan agentes y esto ha provocado que la delincuencia aumente», agregó.
Incrementan las fechorías
Un experto en temas de seguridad ciudadana, que vive en el norte del país, señaló, bajo condición de anonimato, que «los altos índices de violencia continuarán en las zonas rurales, debido al poco interés de las fuerzas policiales de garantizar el orden».
«La Policía es más un instrumento de represión. Los agentes están más abocados al asedio y a la persecución de todas aquellas personas que son señaladas de ser opositoras al gobierno», expresó el analista, que perteneció a las filas de la Policía.
El experto asegura que la delincuencia está incrementando en el país porque los malhechores «están siendo motivados a delinquir», debido a que cuentan con la posibilidad de ser liberados por los indultos que la dictadura nicaragüense otorga a los reos comunes bajo la figura del «perdón presidencial».
«Los indultos desmedidos, en donde están liberando a los reos sin el debido proceso de rehabilitación, está alentando a los delincuentes a cometer crímenes, porque le han perdido el miedo a estar en cárcel. Saben que, más temprano que tarde, estarán libres otra vez», declaró el exagente policial.
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Primer crimen del año
El 2024 inició de forma violenta. El pasado 8 de enero, en la comunidad de Haulover, ubicada en la Costa Caribe Sur, tres jóvenes fueron secuestrados y asesinados por un grupo de individuos.
Las víctimas fueron identificadas como Ignacio Jackson Casanova, de 23 años, Chris Cooper Henríquez Pérez, de 20 años, y Deron Julias Humphreys, de 26 años. Según información de la Policía, los jóvenes fueron asesinados por un «ajuste de cuentas» tras el presunto robo de 15 sacos con marihuana.
El crimen causó molestia entre vecinos y amigos de las víctimas, quienes salieron a las calles para exigir justicia. Días después, la Policía presentó a varios sujetos señalados de ser los responsables del crimen.