La activista y opositora nicaragüense Haydée Castillo, desnacionalizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue nominada al reconocimiento Acampa por la Paz a la Defensa de los Derechos Humanos 2024 en su categoría Internacional.
«Gracias @Acampa_polapaz por nominarme al Reconocimiento Internacional Acampa a la Defensa de los Derechos Humanos en su categoría Internacional junto a personalidades e instituciones a quienes admiro por su dignificante labor», expresó la activista en su cuenta de la red social X.
Castillo está nominada en la misma categoría junto a Greta Thunberg, activista ambiental; la organización de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), el periodista palestino Wael Al-Dahdouh, la cineasta y periodista palestina Bisan Owda y Médicos Sin Fronteras (MSF).
En octubre de 2023, la Asociación de Naciones Unidas de España, con apoyo de la Diputación de Barcelona, otorgó el premio por la Paz 2023 a la defensora nicaragüense.
¿Quién es Haydée Castillo?
En la década de 1970, cuando Castillo era una adolescente, se unió a la lucha contra la dictadura de Somoza y desde entonces no ha cesado su activismo feminista y la defensa de los derechos de las comunidades rurales e indígenas. En 2018, se fue de Nicaragua a Estados Unidos y se convirtió en exiliada política.
Con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos en el norte de Nicaragua, en abril de 2018, Haydée Castillo se convirtió en una de las voces más críticas en contra del régimen de Daniel Ortega. Una actuación que la obligó a ser una más de los 70 mil exiliados, que registra la Organización de Naciones Unidas (ONU) en ese año.
El 15 de febrero de este año, la dictadura de Daniel Ortega incluyó a Haydée Castillo en la lista de 94 nicaragüenses a quienes despojó de su nacionalidad y confiscó sus bienes.
Pese al destierro que sufre por la represión del régimen de Nicaragua, la defensora de derechos humanos continúa demandando la libertad para los nicaragüenses.
Era presidenta del Instituto de Liderazgo de las Segovias, una de las primeras ONG cuya personalidad jurídica le fue cancelada por la dictadura a finales del 2018. En ese momento, el régimen confiscó los bienes de la organización y su sede principal, ubicada en Mozonte, un municipio de Nueva Segovia, pasó a ser un comando de paramilitares bajo control del FSLN.