El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aplicó sanciones, el 16 de febrero, a más de cien operadores políticos de la dictadura Ortega-Murillo, todos funcionarios de las alcaldías sandinistas por «continuar participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y deteniendo injustamente a valientes individuos por ejercer sus libertades fundamentales».
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó, a través de su cuenta oficial de X que su gobierno había decidido sancionar a los funcionarios orteguistas suspendiéndoles permisos de entrada a suelo estadounidense, como migrantes o no migrantes, de conformidad con la Proclama Presidencial 10309.
Noticia relacionada: Gobierno de Estados Unidos sanciona a más de 100 operadores políticos de la dictadura sandinista
El vocero de la diplomacia estadounidense destacó que su Gobierno sigue trabajando con la comunidad internacional «para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua». Las sanciones aplicadas este viernes son parte de ese proceso.
«Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo nicaragüense y garantizar que sus derechos humanos estén protegidos», señaló el funcionario a través de una nota de prensa publicada en el sitio web oficial del Departamento de Estado.
Aunque las autoridades de la Casa Blanca no revelaron las identidades de los desavisados, por restricciones de la legislación norteamericana, sí dijeron que son funcionarios de las alcaldías, todas administradas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo coinciden en que Nicolás Maduro, el dictador venezolano, está replicando las acciones del caudillo sandinista; como la expulsión de la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos (OACNUDH) en Venezuela.
En agosto de 2018, después de la publicación de un contundente informe emitido por el equipo de OACNUDH en el que detallan las arbitrariedades cometidas por el Estado, el régimen de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a la misión del organismo mundial.
Alexa Zamora, desnacionalizada y activista opositora nicaragüense, considera que lo actuado por Maduro es «evidencia clara de cómo la impunidad de las acciones del régimen de Ortega y Murillo, en contra de organismos internacionales y multilaterales de derechos humanos, tiene una repercusión en el actuar de otros gobiernos dictatoriales en la región».
Venezuela afirma que su decisión se debe al «impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país».
Zamora señala que la dictadura de Managua no recibió ningún tipo de represalia o reacción adversa que genere un impacto en ellos, al haber expulsado a todos y cada uno de los organismos de derechos humanos a partir de 2018.
Noticia relacionada: Dictadura sandinista gradúa a 300 nuevos policías para sumarlos a sus fuerzas represivas
La Academia de Policía, ahora llamada por la dictadura, Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, graduó este 16 de febrero a 300 nuevos agentes policiales, los que a partir de la fecha pasan a engrosar las filas de las fuerzas represivas de la dictadura Ortega-Murillo.
Según la información divulgada por los medios de la propaganda oficialista, esta graduación es del segundo curso básico de policías, que inició el 7 de agosto del año pasado y concluyó el 12 de febrero de 2024. Es decir, en seis meses, la dictadura prepara a sus policías para enviarlos a la calle a «ejercer labores de vigilancia, patrullaje y de tránsito.
Entre los nuevos integrantes de las fuerzas represivas del régimen se cuentan 121 mujeres y 179 hombres, los que prestaron juramento de lealtad a la institución y a la dictadura, en un acto celebrado en las instalaciones de la llamada universidad policial.
