El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aplicó sanciones, este viernes 16 de febrero, a más de cien operadores políticos de la dictadura Ortega-Murillo, todos funcionarios de las alcaldías sandinistas por «continuar participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y deteniendo injustamente a valientes individuos por ejercer sus libertades fundamentales».
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó, a través de su cuenta oficial de X que su gobierno había decidido sancionar a los funcionarios orteguistas suspendiéndoles permisos de entrada a suelo estadounidense, como migrantes o no migrantes, de conformidad con la Proclama Presidencial 10309.
El vocero de la diplomacia estadounidense destacó que su Gobierno sigue trabajando con la comunidad internacional «para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua». Las sanciones aplicadas este viernes son parte de ese proceso.
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«Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo nicaragüense y garantizar que sus derechos humanos estén protegidos», señaló el funcionario a través de una nota de prensa publicada en el sitio web oficial del Departamento de Estado.
Aunque las autoridades de la Casa Blanca no revelaron las identidades de los desavisados, por restricciones de la legislación norteamericana, sí dijeron que son funcionarios de las alcaldías, todas administradas por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Los funcionarios municipales, principalmente los alcaldes y sus órganos de dirección edilicia, son señalados por organizaciones defensoras de Derechos Humanos y opositores de haber convertido las alcaldías del país en cuarteles sandinistas utilizados para reprimir al pueblo.