La Armada Nacional de Colombia incautó el «cargamento más grande de marihuana de los últimos cuatro años». Las autoridades colombianas interceptaron una embarcación que intentaba transportar 1.2 toneladas de esa droga por el mar Caribe, además de llevar 73.1 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las autoridades militares del país suramericano reportaron que tres de las personas que iban a bordo de la lancha son nicaragüenses.
En una nota de prensa del primero de febrero de 2024, la Fuerza Naval detalló que «al sur de la isla de San Andrés fue detenida una ‘moto nave de tipo Go Fast’». Dicha operación fue llevada a cabo en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Sur de los Estados Unidos.
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La operación comenzó después de recibir un aviso de la inteligencia naval sobre «una embarcación sospechosa que navegaba por el mar Caribe». Los guardacostas colombianos detuvieron la lancha, la cual transportaba a cuatro personas. La nave contenía «varios bultos con sustancias sospechosas» y, al investigar en los alrededores, la Armada de Colombia encontró más paquetes esparcidos en las aguas cercanas.
Los oficiales identificaron que, aparte de los nicaragüenses detenidos, el cuarto narcotraficante era originario de Costa Rica. Después de las pruebas, tanto los tripulantes como el material incautado fueron puestos a disposición de «las autoridades competentes».
En otra medida represiva contra la Iglesia católica, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió que el sacerdote Juan Ramón Montalván Rodríguez ingresara a Nicaragua.
Según la información difundida por la abogada e investigadora en temas religiosos Martha Patricia Molina, a través de su cuenta personal de la red social X, el clérigo era el encargado de la parroquia San Andrés Apóstol, de Camoapa, departamento de Boaco; que también es perteneciente a la diócesis de Granada.
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De igual manera, Molina señaló que la razón por la cual Montalván se encontraba fuera del país era porque estaba de viaje en España, debido a una «breve misión pastoral».
Durante un enfrentamiento entre civiles y los paramilitares orteguistas, ocurrido en 2019, en Tecolostote, San Lorenzo, Boaco; el prelado denunció la situación represiva que sufrían los pobladores de ese lugar.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue con la confiscación de los bienes a sus opositores. De acuerdo con la información publicada en los medios de comunicación independientes el 29 de enero, el régimen orteguista se adueñó ilegalmente del condominio Farallón de Sotavento, que pertenecía a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, exiliada en Costa Rica, y a sus cuatros hijos.
El condominio familiar estaba conformado por cuatro apartamentos y una casa de servicio, en San Juan del Sur, Rivas. Una fuente allegada a los Chamorro-Barrios dijo a La Prensa que agentes de la Policía orteguista llegaron al lugar, desalojaron al personal que estaba dentro del condominio y ocuparon «la propiedad permanentemente».
«Los policías alegaron de forma verbal que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR), pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación», denunció la fuente al medio informativo.
El informante resaltó que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes. «Este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura, como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos nicaragüenses, que han sido despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo a su patrimonio familiar», indicó.