El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una «forma de apoyar al pueblo palestino», anunció el nombramiento de la «Avenida Gaza» y del «Parque Palestina» en el Distrito Dos de la capital del país. Según la nota de prensa compartida por distintos medios oficialistas, la Alcaldía de Managua quiso reconocer a ese pueblo debido a los «abusos que sufre su gente».
Durante la sexta sesión del Concejo Municipal de Managua, los miembros acordaron, por unanimidad, los nuevos nombres a estas infraestructuras capitalinas. De acuerdo con el Estado, esta decisión busca «reconocer la lucha y valentía del pueblo palestino», así como «repudiar los actos inhumanos como los asesinatos masivos a niños, niñas, mujeres y hombres que ocurren ‘todos los días en la Franja de Gaza’».
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La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, explicó que la nueva Avenida Gaza «abarca desde el antiguo parque Fray Bartolomé, del casco histórico de Managua, hasta donde finaliza el barrio San Sebastián». La pista cuenta con una longitud de 2.8 kilómetros y comprende los barrios Santa Ana, Julio Buitrago, San Sebastián, San José, San Antonio, Santo Domingo y Candelaria.
El Ministerio del Interior (MINT), órgano represor del gobierno de Ortega y Murillo, realizó una convocatoria para que distintos ciudadanos nicaragüenses puedan ser «policías electorales» para los próximos comicios regionales en la Costa Caribe de Nicaragua. Estas elecciones serán llevadas a cabo en medio de acciones represivas y sin la presencia del único partido indígena del país, Yatama.
En un comunicado del 27 de enero de 2024, el MINT publicó la convocatoria que invita a la población a participar como policías electorales en las elecciones regionales de la Costa Caribe. Los ciudadanos que ocupen este cargo tendrán como función «garantizar que las elecciones se desarrollen en orden y supervisar que el material cumpla con los estándares requeridos».
De acuerdo con el documento compartido, la inscripción será realizada en las unidades policiales de la Costa Caribe. La convocatoria está abierta desde el 29 de enero hasta el 9 de febrero. Los requisitos que solicita el régimen a los postulantes son «tener la nacionalidad nicaragüense, haber cumplido los 18 años para el 9 de marzo, fecha de las elecciones; saber leer y escribir, estar apto física y mentalmente y, por último, no tener antecedentes criminales».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ubicó a Nicaragua como el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de la organización Transparencia Internacional.
El ranking mundial da una calificación de 17 sobre 100 a la dictadura nicaragüense, situándola entre los países más corruptos del mundo, sólo superada por Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16).
Managua tiene la misma calificación de 17/100 que Corea del Norte, una dictadura comunista; Haití, el país más pobre de América y Guinea Ecuatorial, una dictadura de partido único.
«¡Qué tragedia! La dictadura sandinista ha llevado a Nicaragua a los niveles de corrupción más impactante de la historia de Nicaragua. Nunca antes visto. Los países que se acercan al 100 son los menos corruptos y los que se acercan al 0 son los más corruptos», criticó la abogada Martha Patricia Molina, experta en temas anticorrupción.
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François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional afirmó que la corrupción «seguirá prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las malas prácticas y mantener a los gobiernos bajo control».
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó, por medio de la Asamblea Nacional, la iniciativa de Reforma a la Ley 909 (Ley Creadora de la Cinemateca Nacional) que establece que las personas, ya sean nacionales o extranjeras, deberán pagar impuestos si realizan filmaciones públicas en el país.
El parlamento nicaragüense justifica esta decisión con el argumento de que esta ley tiene como objetivo «facilitar y agilizar los servicios que esta institución brinda, para promover el desarrollo y realización de las producciones audiovisuales que aporten a una cultura de paz, valores y de respeto».
En el artículo 10 de la Ley 909, la normativa establece que las tarifas por prestación de servicios del organismo cinematográfico serán «consideradas renta con destino específico y serán depositados en una cuenta única del Tesoro, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá a dicha institución de conformidad a la ley de la materia».
