El régimen de Nicaragua anunció que pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ser parte del caso que Sudáfrica presentó en diciembre contra Israel por «genocidio» en Gaza.
Nicaragua solicitó «una intervención como un Estado parte sobre el fondo del asunto, y no como un simple participante en la interpretación de la Convención» para la Prevención de Genocidios, según un comunicado oficial publicado en la prensa oficial.
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Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la máxima instancia judicial de la ONU, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948 después del Holocausto.
«Las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención», señaló el gobierno de Daniel Ortega, sobre el cual pesan denuncias como un Estado que comete crímenes de lesa humanidad por los cuales no ha respondido.
Esos actos criminales se habrían cometido en el contexto de las protestas sociales de abril de 2018, donde se contabilizaron más de 350 asesinatos, por los que se responsabiliza al Estado.
Joao Maldonado, opositor del régimen orteguista y exiliado en Costa Rica, junto a su pareja, Nadia Robleto; continúan en estado delicado de salud después de ser víctimas de un atentado en el sector de San Pedro de Monte de Oca, en San José, Costa Rica, el pasado 10 de enero de 2024.
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De acuerdo con el medio Nicaragua Actual, en una nota publicada este 23 de enero de 2024, Maldonado y Robleto se encuentran en un estado crítico de salud. Detallan que «Maldonado fue intervenido quirúrgicamente debido a una hemorragia interna provocada por una herida en el abdomen producto de los disparos que recibió». Durante el atentado, Maldonado recibió siete impactos de bala repartidos en su tórax y cabeza.
Por su parte, Nadia Robleto está internada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de recibir un disparo en la cabeza, que salió de la misma arma que usó el atacante en contra de su esposo, detalla el medio digital.
El régimen de Nicaragua donó un nuevo terreno del Estado a la Alcaldía de Managua para el proyecto habitacional «Apartamentos Nuevas Victorias», que serán hogares de «interés social» y que buscan colocarse en el mercado con una cuota mensual de 365 dólares.
En La Gaceta, Diario Oficial, del 23 de enero de 2024, la Casa de Gobierno, encabezada por el dictador Daniel Ortega, instruyó a la procuradora general de la República, Wendy Carolina Morales, a que «suscriba ante un notario del Estado la escritura pública a favor de la Alcaldía de Managua un bien inmueble perteneciente al Estado».
Además de ser la abogada del Estado, Morales ha sido la ejecutora de múltiples confiscaciones a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas por la dictadura de Ortega y Murillo, entre las que se encuentran entidades de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación; así como a ciudadanos opositores, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas que fueron desnacionalizados por órdenes de Daniel Ortega.
Este nuevo terreno cuenta con un área de 4,762.91 metros cuadrados, área que, sumada a las dos propiedades anteriormente donadas, da un total de 26,673 m² para este proyecto. Además, el terreno está inscrito bajo la serie N° BI-PTEQ8J6K; asiento número uno del folio electrónico del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Managua.