La aplanadora de diputados oficialistas y colaboracionistas de la dictadura en la Asamblea Nacional, durante una sesión especial en conmemoración por el 157 aniversario del natalicio de Rubén Darío, aprobó en segunda legislatura una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, con la cual legalizan el despojo de la nacionalidad a «quienes traicionen la patria».
De acuerdo con la batería de medios oficialistas, esta reforma busca «reafirmar que es deber de todo nicaragüense defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación, por lo que los ciudadanos que lesionen los intereses supremos de la nación serán considerados traidores a la patria». Las publicaciones de los propagandistas resaltan que «la reforma recibió el respaldo unánime de los diputados», es decir, fueron los 91 parlamentarios que votaron a favor de esa reforma.
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Una vez que la reforma sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el artículo 21 de la carta magna leerá que «la adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense».
Durante la sesión conmemorativa a Darío, el presidente del Poder legislativo y fiel aliado del régimen, el sancionado Gustavo Porras, declaró que «el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro revolucionario (Rubén) Darío es escuchar su advertencia, ‘debemos de estar alerta porque el mal viene del Norte’».
Al recordar este llamado, Porras consideró que esta nueva reforma a la carta magna dejará en claro que «en conjunto con la ley de pérdida de la nacionalidad, aquel que traiciona a la patria pierde la nacionalidad». «No es a la fuerza que alguien debe de ser llamado nicaragüense, aquel que traiciona a su tierra no puede ser hijo de Nicaragua», agregó.
A su vez, el funcionario orteguista expresó que «todos los que nacimos en esta patria somos nicaragüenses; sin embargo, aquel que traiciona a su país, que prefiere acogerse por el llamado de la codicia y termina atacando a su patria, no merece ser llamado nicaragüense».
De igual manera, Porras explicó que «en esta ley, vamos a aprobar que aquel que sea catalogado como ‘traidor de la patria’ será debidamente procesado y, posteriormente, sentenciado por su crimen, lo que hará que pierda de manera inherente su nacionalidad».
«Esto es lo que vamos a hacer ahora, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Darío», agregó cínicamente el presidente del Poder Legislativo de Nicaragua.
Un historial de desnacionalizados
Desde febrero de 2023, en un acto arbitrario, la dictadura de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 317 nicaragüenses. En una primera tanda, quitó la nacionalidad a 222 excarcelados políticos; luego, a 94 figuras de la oposición y directores de medios de comunicación independientes. Por último, en una clara represalia por no aceptar el destierro, le arrebató ese derecho al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien todavía se encontraba en las cárceles del régimen.
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En su mayoría, los opositores desnacionalizados han aceptado el ofrecimiento de España de acogerlos como sus ciudadanos; sin embargo, «el destierro, la desnacionalización y todos los crímenes del régimen no deben de ser naturalizados», advierten los críticos a la dictadura.