Más de 50 nicaragüenses declarados apátridas por la dictadura de Daniel Ortega emitieron un pronunciamiento dirigido a la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunciando la arremetida «civil, política y económica» del régimen sandinista en su contra con el arrebatamiento de la nacionalidad y ocupación de bienes dentro del país.
«Rechazamos el despojo de nuestra nacionalidad, y las medidas sobrevenidas tomadas por la dictadura en contra nuestra, tales como: el despojo de bienes; la eliminación de nuestras inscripciones en el Registro Civil de las personas, con todas sus secuelas, y el robo de las pensiones de jubilación. Solicitamos al Consejo de Derechos Humanos seguir atendiendo con prioridad la dramática situación de Nicaragua», refiere el documento.
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El pronunciamiento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al secretario general de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos contiene las firmas de 56 ciudadanos desnacionalizados por la dictadura nicaragüense, entre los que se encuentran poetas, abogados, defensores de derechos humanos, economistas, periodistas y activistas.
Los firmantes aprovecharon para reconocer al Grupo de Expertos de la ONU por el trabajo realizado en el Informe presentado recientemente en cuanto a la situación de derechos humanos y todo su contenido, considerando que, ya constituye un instrumento indispensable en procura de la justicia.
Por lo que demandan «insistir en la liberación incondicional de todos los presos políticos que aún quedan, entre los que se incluye a monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel en un juicio ilegal e ilegítimo».
Entre el nueve y el 15 de febrero, el régimen de Ortega y Murillo declaró «traidores a la patria» a un total de 317 personas, incluido el obispo Rolando Álvarez, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y el resto fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también ordenó la confiscación de sus bienes.
Mediante estipulaciones en la Ley 1145, la ley que reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la pareja presidencial resolvió quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen.
Ante esto, los declarados apátridas piden a los gobiernos que integran el Consejo de Derechos Humanos «sostener la exigencia frente al gobierno de Nicaragua del retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, para que todos los expatriados regresemos a rehacer nuestras vidas en Nicaragua; se restituyan todos los derechos civiles y políticos conculcados y transitar en paz a un Estado de Derecho con separación de poderes y verdadera e integral democracia, donde brille la justicia para las víctimas de estos crímenes».