35 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica condenaron el atentado que sufrió Joao Maldonado, opositor nicaragüense refugiado en ese país. A su vez, le pidieron al Estado, bajo la administración de Rodrigo Chaves, «determinar si en el país hay grupos de la dictadura orteguista».
En una «moción de orden» presentada el 16 de enero de 2024, los parlamentarios expresaron su rechazo al «cobarde ataque perpetrado en contra de Joao Maldonado, opositor nicaragüense, y su esposa, Nadia Robleto», quienes se encuentran exiliados en Costa Rica después de las protestas de 2018 en su nación de origen.
Los miembros del Plenario Legislativo solicitaron a las autoridades competentes que «actúen con diligencia y esclarezcan la causa de este atentado». Igualmente, demandaron «determinar si en Costa Rica hay grupos criminales de la dictadura Ortega-Murillo, encargados de perseguir y atacar a los nicaragüenses refugiados».
La preocupación de los diputados proviene de la escasa ‘aclaración’ que dio la Presidencia de la República sobre el caso de Maldonado, en un comunicado de prensa del 11 de enero. Además, los miembros de la Asamblea Legislativa recordaron las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien, en una entrevista con EFE, mencionó que «mantiene una relación ‘cordial’ y de ‘consulta’ con Daniel Ortega y Rosario Murillo».
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Los funcionarios del Plenario Legislativo declararon que «la suma de estos casos no hace más que tender una serie de dudas sobre los esfuerzos del Gobierno para proteger a los refugiados nicaragüenses en nuestro país». Por lo tanto, pidieron al Estado costarricense «revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiados por razones políticas».
A su vez, los parlamentarios demandaron que establecidos los protocolos de refugiados en Costa Rica el Gobierno exprese una «clara condena» y manifieste una enérgica censura al régimen Ortega-Murillo por violentar los derechos políticos más básicos, reprimir a la sociedad nicaragüense, encarcelar a reos de conciencia, perseguir a la prensa independiente, usurpar la propiedad privada de los ciudadanos y desterrar y despojar de su nacionalidad a sus opositores».
Por último, los diputados manifestaron su solidaridad con monseñor Rolando Álvarez y el obispo Isidoro Mora, como también con el resto de sacerdotes desterrados que fueron tratados como criminales.
Los atentados contra Maldonado
De acuerdo con declaraciones enviadas a periodistas, a través de mensaje de voz, por parte de la oficina de prensa de la OIJ, el opositor Joao Maldonado, de 34 años, recibió siete heridas de proyectil de arma de fuego en varias partes del cuerpo, como tórax y cabeza. Mientras que su esposa, de 36 años, presentaba una herida en su cabeza, que fue causada por la misma arma.
Sin embargo, este fue el segundo ataque que sufrió Maldonado. El primer ataque, ocurrido en 2021, fue producto de un tiroteo que ocurrió en la víspera de una marcha de exiliados en protesta contra de la dictadura orteguista.
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El Gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, negó, durante una conferencia de prensa el 11 de enero de 2024, que su Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) haya estado brindando seguridad a Maldonado durante el segundo ataque que sufrió.
La administración del presidente Chaves aseguró que la DIS «no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona», con lo que busca desligarse de cualquier señalamiento de negligencia en la seguridad del dirigente opositor que ya ha sufrido dos intentos de asesinato en plena vía pública en suelo tico, a manos de pistoleros hasta ahora no identificados.