La Asamblea Nacional aprobó, de manera unánime y en segunda legislatura, una reforma a la Constitución de Nicaragua, con la que, oficialmente, la Policía de Nicaragua se subordina ante Daniel Ortega, su jefe supremo.
De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por la Asamblea, «en la primera sesión ordinaria de 2024, llevada a cabo el 16 de enero de 2024, los diputados aprobaron las reformas al artículo 97 y al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua en su segunda legislatura».
Estos artículos describen al «cuerpo armado de naturaleza civil» como un ente «profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante», el cual es regido por «estricto apego» a la Constitución, a la que siempre le «guardará respeto y obediencia».
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Entre los puntos presentados por la aplanadora oficialista y sus aliados en el Parlamento se reafirmaron «las funciones de la institución bajo la subordinación del presidente de la República», quien regirá al organismo. Los diputados argumentaron que «este cambio se realizó para garantizar la seguridad, preservar el orden interno en Nicaragua, mantener el orden social, proteger la vida de los nicaragüenses y velar por el respeto de los bienes nacionales y particulares».
La Policía, desde 2018, se volvió un «brazo represor» del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo a raíz de la «Operación Limpieza», uno de los episodios más violentos durante las protestas de ese año. Como órgano gubernamental que era comandado por Daniel Ortega, este «cambio» en la Constitución solo reafirma su lealtad y subordinación a la dictadura.
La abogada y defensora de los derechos humanos, Yonarqui Martínez, consideró que «hay un camino largo desde lo conceptualizado en la legislación a lo que se pone en práctica» y, recalcó que «lo que aprobaron en la Asamblea era algo que ya ocurría». «El gobierno sandinista siempre tuvo a su gente en los distritos policiales y con sus banderas por doquier, ¿Díganme algo nuevo que no se practique ya?», expresó.
La primera legislatura
A raíz de una iniciativa enviada a la Asamblea Nacional por el diputado colaboracionista Mario José Asensio Flores, el cinco de julio de 2023 quedó convocado el plenario de la Asamblea Nacional para una sesión ordinaria en la que se debatió la reforma al artículo 97 de la Carta Magna y la reforma a la «Ley 872, de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872)».
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Desde dicha primera legislatura, era de esperar la desaparición, ya en forma de ley, de la Policía Nacional, para instaurarse de manera oficial la Policía orteguista, pues desapareció de la legislación los principios de independencia, aunque de eso ya solo quedaba el texto.