La administración del dictador Daniel Ortega embargó la empresa internacional Cisa Exportadora, filial en Nicaragua de la multinacional Mercon Coffee Group, en reclamo por una supuesta deuda de 30 millones de dólares por compromisos fiscales, cobro que la transnacional cuestiona.
Según información divulgada por el sitio web especializado en economía, Bloomberg Tax, que cita al abogado Paul Keenan, del bufete Baker McKenzie, representante de Mercon Coffee Group, ejecutivos de la multinacional estarían en «delicadas» conversaciones con agentes fiscales de Managua, para buscar una solución al embargo interpuesto por el régimen Ortega-Murillo, pues, además que cuestionan la exactitud de dicho cobro, esa maniobra de la administración nicaragüense estaría entorpeciendo el proceso de solución a la quiebra declarada por la empresa el pasado 7 de diciembre.
«Mercon Coffee Corp. está en un diálogo delicado con funcionarios fiscales de Nicaragua que han tomado el control de los activos del proveedor global en el país», dijo el abogado a la revista económica.
Según el abogado corporativo, el embargo ejecutado por el régimen de Nicaragua contra Cisa Exportadora entorpece los esfuerzos que realiza la transnacional para sanear sus finanzas y de paso «infringe la paralización de los cobros» a lo que tiene derecho por haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos.
Otro embrollo legal al que se estaría metiendo la dictadura Ortega-Murillo con el embargo a Cisa Exportadora es que, dicha empresa tiene deudas millonarias con varios bancos nicaragüenses, los que también tienen derecho a ejecutar sus cobros, pero el régimen se adelantó a embargar sin mayores procesos judiciales.
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La transnacional del café, que tenía aproximadamente 70 años de operar en el país y exportaba más de la mitad de la cosecha cafetalera anual de Nicaragua, estaría debiendo unos 26 millones de dólares al banco Lafise-Bancentro, otros 8 millones de dólares al estatal Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos), además adeuda al Banco de América Central (BAC) y Banco de Finanzas (BDF), 2 millones de dólares a cada uno.
Mercon Coffee Group estaría buscando ofertas de compra de sus activos y para ello ha contratado a ejecutivos del banco de inversión multinacional, Rothschild & Co.
Ortega se adelantó y se tomó instalaciones
Tras el anuncio de quiebra de Mercon Coffee Group, que involucra a todas sus filiales en el mundo, el régimen Ortega-Murillo saltó de inmediato para advertir a la empresa que aplicaría las leyes en el país para asegurar que CISA responda a «sus compromisos comerciales y financieros» en Nicaragua.
La vocera gubernamental Rosario Murillo ya había advertido que «como Estado responsable» harían todo lo que la Constitución y las leyes le permitieran para que CISA Exportadora «cumpla con sus compromisos». Esa advertencia desembocó primero en el asalto policial y toma de las instalaciones de la empresa en todo el país, el pasado 31 de diciembre y luego en el embargo decretado por un juez del poder judicial al servicio de la dictadura.
El abogado de la empresa en EE.UU. informó que un juez de Nicaragua nombró a un «administrador fiscal» para supuestamente, resguardar los activos de la filial de Mercon y garantizar el cobro de la supuesta deuda de 30 millones de dólares.
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El cierre de las operaciones de Cisa Exportadora representa un grave golpe para los caficultores nacionales que vendían sus cosechas a esa empresa. Además, la crisis se da en un año en el que el precio del café en el mercado internacional es generoso para los productores pues el quintal ronda los 200 dólares.
Hasta ahora ni el gremio cafetalero ni el Gobierno han anunciado qué medidas tomarán para garantizar la comercialización internacional del llamado grano de oro, que hasta antes del cierre de Cisa Exportadora tenía como principales mercados Estados Unidos y Europa.