La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica una política de terrorismo de Estado al desterrar u obligar al exilio a nicaragüenses opositores o percibidos como tales, una acción de flagrante violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, opinan analistas tras conocerse la expulsión del país de los ciudadanos nicaragüenses Martín Argüello y Bernardo Argüello Celebertti, esposo e hijo de la exdirectora de la franquicia de Miss Universo en el país, Karen Celebertti.
Este domingo se conoció que los familiares de Celebertti fueron excarcelados desde la noche del sábado seis de enero, y conminados a abandonar el país en las siguientes 48 horas.
Bajo esa advertencia, el domingo siete de enero, padre he hijo abordaron el vuelo AM 651 de la línea aérea Aeroméxico que, según información de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), despegó del aeropuerto internacional de Managua a la 1:54 de la tarde con destino a Ciudad de México. La noticia del destierro de los Argüello se convirtió en tendencia en redes sociales y decenas de medios de comunicación internacionales publicaron el hecho.
Para el analista político internacional y director del Instituto Interamericano por la Democracia, Carlos Berzain, los Ortega-Murillo practican «terrorismo de Estado» al desterrar a los Argüello y a decenas de nicaragüenses.
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El politólogo de origen boliviano, recordó, a través de su cuenta en la red social X, que los recién excarcelados y desterrados, fueron acusados «sin pruebas» de «conspiración antipatria», supuesto delito inventado por la dictadura, según analistas, para extorsionar a Celebertti y obligarla a renunciar a la franquicia de Miss Nicaragua.
Bajo la administración de Celebertti, la franquicia de Miss Nicaragua le dio al país y a Centroamérica la primera Miss Universo de la historia cuando se coronó la nicaragüense Sheynnis Palacios.
Para el abogado, exfuncionario del Poder Judicial y ahora opositor en el exilio, Yader Morazán, «otra vez el régimen Ortega-Murillo contradice sus propias mentiras, y ridiculiza a sus mismas bases que hicieron campaña inventado toda una película de conspiración y actividad delictiva a la directora de Miss Nicaragua que tuvo resonancia internacional, para luego dejarlos en libertad y expulsar del país al hijo y esposo».
En tanto, el dirigente opositor y exreo político desterrado por la dictadura, Juan Sebastián Chamorro, el encarcelamiento y destierro de la familia de Celebertti reafirma que la dictadura utiliza el destierro como arma de represión y una política de estado que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Por su parte, el también dirigente opositor y exreo de conciencia desterrado y desnacionalizado por la dictadura Félix Maradiaga declaró que, siendo él mismo conocedor en carne propia del dolor que provoca la cárcel y el destierro extendía sus muestras de solidaridad por los Argüello y Celebertti, quienes podrán estar juntos aunque lejos de sus tierras. ,
«Aunque la forma arbitraria en que el esposo y el hijo de la señora Karen Celeberti fueron expulsados de Nicaragua, debemos recibir con beneplácito la oportunidad que tiene esa familia de estar bajo el mismo techo y abrazarse en un país en libertad, aunque lejos de su patria», refirió Maradiaga.
El politólogo destacó que la dictadura no solo actúa de manera arbitraria, sino que también utiliza técnicas para desconcertar, dividir y desmoralizar a la oposición y advirtió que en esta política de estado terrorista que ejerce el régimen deportando a nicaragüenses, se siente acuerpada por las potencias tiránica de China y Rusia.
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Por su lado, el abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, calificó el destierro como «violación al derecho a la nacionalidad, a la residencia y a la libre circulación», que están establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y en la Declaración Universal sobre DD-HH.
«El destierro, el desplazamiento forzado o el traslado forzoso de personas, de nicaragüenses en este caso, fuera de Nicaragua representa una grave violación y, según el Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad», señaló el abogado.