La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de ocho reos de conciencia encarcelados en las mazmorras de la dictadura Ortega-Murillo, por considerar que «sus derechos a la vida, integridad personal y salud, están en riesgo de daño irreparable».
La Resolución 89/23, emitida por la CIDH el pasado 30 de diciembre de 2023, y hecha pública este jueves 4 de enero, otorga medidas cautelares en favor de los reos políticos Kevin Emilio Castillo Prado, el periodista Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández y Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera.
Además, incluye a Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández, y el reo de conciencia identificado como JECW, «tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua», indica la nota de prensa publicada en el sitio web oficial de la CIDH.
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El organismo regional defensor de los derechos humanos tomó en cuenta que los ahora beneficiarios de las medidas cautelares «fueron privados de libertad en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Asimismo, el Organismo evaluó que los presos políticos incluidos en la resolución «no estarían en condiciones adecuadas de detención», y no tienen acceso a atención médica pese a que padecen afectaciones de salud.
En virtud de la resolución decretada, y en base a compromisos internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua, la CIDH pide al régimen Ortega-Murillo «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias».
Además, pide que el Estado de Nicaragua adopte medidas para asegurar que las condiciones carcelarias de los reos políticos «sean compatibles con los estándares internacionales» y que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y agresiones dentro de los centros penitenciarios donde están encarcelados.
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También piden que se les garantice «acceso a atención médica adecuada y especializada», medicamentos para tratar sus padecimientos y se les garantice el contacto regular y acceso con sus familiares y abogados.
Finalmente, la CIDH pide al régimen Ortega-Murillo que evalúe «la posibilidad de otorgar medidas alternativas a la privación de la libertad» para los reos de conciencia.
La dictadura Ortega-Murillo siempre ha ignorado las resoluciones de la CIDH y nunca ha acatado las medidas cautelares. En diciembre pasado, Ortega oficializó el retiro del Estado de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) y todos sus órganos de trabajo, por lo que esta nueva resolución también sería echada en saco roto.
