El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió a la «Lista Engel» a cuatro nicaragüenses al servicio del régimen orteguista. El informe publicado el jueves, 21 de diciembre de 2023, dio a conocer que los agregados fueron: Alejandro Genet, Ramona Rodríguez Pérez, Maribel del Socorro Duriez y Gloria María Saavedra; quienes participaron en la persecución y posterior confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Estas personalidades llevan años dentro de las filas sandinistas y, en distintas ocasiones, ayudaron a la pareja dictatorial a cometer crímenes de lesa humanidad.
Primeramente, el nombre más reconocido es Alejandro Genet, actual rector de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, centro de estudios creado por el régimen sobre el recinto de la UCA. Genet fue un «docente eterno» en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) por más de 40 años y fue el decano de la Facultad de Educación e Idiomas de dicho centro.
«Es un leal sandinista, adoctrinado en Cuba, no tiene altos estudios como están diciendo, en Nicaragua hay doctores en matemática o en educación mejor preparados que Genet, pero no son orteguistas como él», dijo un exdocente despedido de una de las sedes regionales de la UNAN, precisamente por órdenes de Genet.
Según el Departamento de Estado norteamericano, Genet «apoyó las violaciones contra la democracia de las instituciones y de implementar reglas que castigan el pensamiento crítico de los estudiantes y docentes» tanto en la Universidad Casimiro Sotelo como en la UNAN-Managua, al apoyar al régimen y su represión desde 2018.
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En la misma línea, otra personalidad de la UNAN que fue agregada a esta lista es su rectora, Ramona Rodríguez, quien también es presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU). El CNU es considerado como el principal organismo de control de los Ortega-Murillo dentro de las universidades públicas.
Esta organización se ha encargado de hostigar en distintos centros de estudios superiores y de facilitar al régimen la instalación de universidades gubernamentales en los que fueron centros privados.
Otro organismo de la dictadura que apoyó la persecución contra las universidades es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), cuya presidenta, Maribel Duriez es otra «ficha» importante para Ortega. Debido a que la organización puede declarar que un centro «no cumple con los estándares de calidad», lo cual permite su confiscación. Es decir, es uno de los pasos principales para la persecución a las universidades privadas.
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Por último, está otra «pieza leal a Ortega», Gloria Saavedra, jueza del Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua. El abogado exiliado Yader Morazán mencionó en su cuenta de X que «recientemente, Saavedra celebró de manera clandestina las audiencias de varios trabajadores del Poder Judicial». A su vez, es acusada de avalar la confiscación de la UCA y de ser la jueza designada contra monseñor Rolando Álvarez, a quien le dictó una sentencia de más de 26 años.
Acciones contra los cabecillas de la toma de la UCA
La lista de actores corruptos y antidemocráticos, también conocida como Lista Engel, es una lista que incluye a personas que fueron partícipes de actos de corrupción en Guatemala, El Salvador, Honduras y, a partir de 2022, Nicaragua.
La Universidad Centroamericana fue fundada por los jesuitas en 1960. Desde 2018, los dirigentes de la universidad permitieron que los estudiantes críticos del régimen se refugiasen en sus aulas mientras eran atacados con violencia por agentes estatales y fue calificada como uno de los pocos espacios de pensamiento libre.
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Sin embargo, desde ese año la dictadura optó por ahogar al recinto económicamente. La asignación del 6 % constitucional del Presupuesto General de la República, que por ley le correspondía a la universidad, le fue reducido sustancialmente hasta el 2022.
En agosto de 2023, la universidad anunció por medio de un correo a sus trabajadores y a sus estudiantes que sus cuentas bancarias habían sido congeladas. Posteriormente, el 16 de agosto de 2023, la universidad anunció el cese de sus operaciones en el país y, en esa misma fecha, el Estado controlado por Ortega y Murillo montó la Universidad Casimiro Sotelo en las instalaciones de la UCA. La dictadura intentó abrir esta universidad gubernamental en distintas ocasiones este año, sin embargo, hasta 2024 se espera que funcione nuevamente.