Conductores del Minsa deberán pagar de sus bolsillos los daños a los vehículos asignados si los chocan

Todos los choferes y cualquier otro funcionario del Ministerio de Salud (Minsa) que manejen vehículos de esa institución en calidad de asignados deberán pagar de sus salarios cualquier daño que resulte en los automotores durante un accidente en el que se vean involucrados, según dio a conocer recientemente la ministra de esa cartera, Martha Reyes, mediante una disposición ministerial transmitida a todos los directores de ese ministerio.

«En relación a los daños de vehículos de trabajo y ambulancias del Minsa, debido a accidentes de tránsito, en lo que se determine la responsabilidad del conductor o funcionario del Minsa, este asumirá los costos de reparación del vehículo, sin perjuicio de la aplicación de la sanción disciplinaria que corresponda», dice tajantemente la orden transmitida por escrito oficial a los directores de áreas y de todos los departamentos del país.

La orden ministerial, que ya está siendo criticada debido a que es vista como una forma de empeorar las condiciones de trabajo de los conductores de ese ministerio, fue impuesta desde el pasado 28 de noviembre de 2023, según consta en el documento oficial, pero fue hasta este 12 de diciembre que se filtró a los medios de comunicación como una forma de rechazo a la medida.

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Asimismo, la ministra de Salud ordena a «los directores de los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (Silais), que deben garantizar el cumplimiento de esta disposición, la cual surte efecto a partir de la fecha».

En los últimos meses, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aumentado la presión y la vigilancia sobre los empleados estatales. En el Poder Judicial, el régimen ha ejecutado una verdadera barrida a todos los niveles, incluyendo trabajadores de bajo rango. En el Ministerio de Educación mantiene a los maestros «súper vigilados».

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Y para presionar aún más a los empleados públicos, el pasado 23 de noviembre los diputados al servicio de la dictadura aprobaron la «Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado» con la que el régimen le robó a los más de 180 mil servidores públicos la mayor parte de sus indemnizaciones laborales. La acción fue duramente criticada por defensores de derechos humanos que la tildaron como la peor violación a los derechos de los trabajadores en la historia del país.