La empresa CISA Exportadora, la principal compradora y comercializadora internacional de café de Nicaragua, cerró sus acopios en el país el viernes, primero de diciembre, sin ningún tipo de aviso. La medida dejó a los productores cafetaleros que le vendían sus cosechas tocando puertas y yendo de un lado a otro, y escuetamente les dijeron que era porque «se cayó el sistema».
La empresa CISA operaba a nivel internacional como un conglomerado llamado Mercon Coffee Group con inversiones en unos nueve países. En su sitio web, Mercon se define como «un líder mundial en el sector del café» y se precia de tener «una vasta experiencia en producción, comercialización, logística y gestión de riesgos».
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Mercon fue fundada en 1952 por el empresario nicaragüense Duilio Baltodano, quien heredó la compañía a su hijo José Antonio «Tono» Baltodano y este la hizo crecer y amplió sus operaciones hasta fijar su sede principal en Países Bajos (Holanda). La empresa «se encuentra entre los 10 principales proveedores de café del mundo, brindamos servicios personalizados a clientes en más de 60 países desde sus oficinas ubicadas en América, Europa, África y Asia», dice el Informe de Sostenibilidad 2021-2022, alojado en el portal electrónico de la firma.
La empresa, sin embargo entró en aprietos financieros y el grupo tuvo que hacerse de «una deuda de 450 millones de dólares con el Banco Internacional (holandés) Rabobank y otras 13 entidades financieras», comentó el economista Juan Sebastián Chamorro, a través de un video que difundió en su cuenta personal de X.
Ante la incertidumbre que llena a los productores, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se pronunció y prometió que como un «Estado responsable están trabajando para que la empresa cumpla con sus compromisos comerciales y financieros».
En una nota de prensa publicada en los medios de propaganda oficialista, el régimen orteguista aseguró que se han encargado de promover «la producción del café nicaragüense en todos los espacios, desde los productores, instituciones públicas, organismos, embajadas y ferias internacionales», y que eso permitió «aumentar la producción de café con calidad y excelencia», que el producto se ubicara «como uno de los mejores cafés del mundo» y que se «comercializara en la mayoría de los continentes».
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El comunicado señaló que la quiebra de operaciones por parte de CISA es algo «global» y que también afectó a Brasil, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, y Vietnam. El régimen enfatizó que esta problemática es «ajena a la realidad nicaragüense», ya que según dice, Nicaragua se encuentra en un «momento de crecimiento económico y progreso social que es claramente percibido por nuestra población y es reconocido ampliamente por los organismos internacionales».
El régimen advirtió que «de acuerdo con la Constitución y las leyes» se encuentran trabajando con las instituciones que atienden al sector cafetalero para facilitar «la comercialización y exportación del café que resulten de la producción y las cosechas cafetaleras».
La Organización de Investigación Judicial (OIJ) afirmó que el 2023 se convirtió en el año con más asesinatos en la historia de Costa Rica. Las autoridades de seguridad costarricenses declararon que este año hubo «un inusual incremento en la ola de criminalidad y enfrentamientos violentos en el país, donde han sido víctimas mortales más de 800 personas entre enero y noviembre».
De acuerdo con los datos de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ, de este total, 71 víctimas fueron identificadas como nicaragüenses, es decir, casi un nueve por ciento de los fallecidos.
Harold José Zapata Rosales (33 años), José Bayardo Rivera Avilés (26 años) y Miguel Antonio Ángulo (25 años) perfilan como tres de los casos de homicidio que más impactaron a Costa Rica. Los cadáveres de los nicaragüenses fueron encontrados a orillas del río Tiribí, en Bajo Los Anonos, Escazú, el pasado 19 de octubre. Se conoció que los cuerpos de los tres hombres presentaban heridas por arma de fuego.
El equipo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) informó la noche de este martes, 5 de diciembre, que envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de aprobar «medidas cautelares urgentes», a beneficio del catedrático Freddy Quezada, que el pasado 29 de noviembre se sumó a la lista de reos políticos apresados por la dictadura de los Ortega-Murillo.
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Mediante su cuenta oficial en la red social X, Calidh publicó un aviso donde informó que esta decisión fue autorizada por la hija del docente secuestrado, quien reside en el extranjero. «Hemos pedido su liberación inmediata porque es inocente», detalló el informe de la organización con sede en Argentina.
Calidh destacó que también informaron a la CIDH que «el intelectual convive con diversos padecimientos crónicos como parte de su adultez mayor. De no ser atendidos por los especialistas pertinentes de forma periódica, su salud desmejorará irremediablemente».
