El cuatro de diciembre, la dictadura de Daniel Ortega ordenó el retiro de Carlos Midence de su cargo como embajador de Nicaragua ante Argentina, de forma inmediata.
Según un comunicado emitido por la Cancillería de Managua, el motivo detrás de esta repentina decisión fueron las «reiteradas declaraciones y expresiones» que Javier Milei, presidente electo por los argentinos, manifestó en diferentes ocasiones sobre su negativa de mantener relaciones diplomáticas con regímenes dictatoriales.
De acuerdo con la opinión de opositores, la dimisión de Midence de su cargo es una «señal de protesta» por parte de Ortega hacia la propuesta del gobierno «ultraliberal» de Milei, que aún no asume el cargo.
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El politólogo y activista político Félix Maradiaga considera que esta acción «puede ser interpretada como una forma de expresar desacuerdo» y resaltó que retirar a un embajador «no significa necesariamente el cese de todas las relaciones diplomáticas, pero sí indica una preocupación y suele ser un paso previo a medidas más drásticas, como una ruptura total del vínculo entre los países».
El excarcelado político destacó que el régimen de los Ortega-Murillo retiró al funcionario como «una medida política para adelantarse a las acciones que podría tomar el nuevo presidente de Argentina frente a la dictadura de Nicaragua».
Maradiaga recalcó que durante su campaña electoral, Milei había expresado su «intención de romper relaciones diplomáticas con las dictaduras de América Latina y con China»; sin embargo, a través de los miembros más cercanos de su equipo, el presidente electo aclaró que en lugar de romper relaciones diplomáticas con los regímenes, «mantendría una posición dura y crítica».
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Desde el levantamiento social que inició en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha encargado de secuestrar, asediar y encarcelar a aquellos que levanten su voz y muestren su desacuerdo con las acciones represivas y delictivas de los dictadores.
En homenaje a esta época navideña, de convivencia familiar y celebraciones en todas partes del mundos, distintos exreos políticos que están desnacionalizados y desterrados en otros países iniciaron una campaña en redes sociales para exigir al gobierno sandinista la liberación de los presos de conciencia que aún permanecen tras las rejas.
Con la etiqueta «#NavidadEnLibertad», organizaciones y opositores al gobierno compartieron virtualmente imágenes y afiches, para difundir los días de encarcelamiento acumulados y los nombres de las personas detenidas arbitrariamente.
En su cuenta oficial de la plataforma X, (anteriormente conocida como Twitter), el economista Juan Sebastián Chamorro, exiliado en Estados Unidos, compartió que «detrás de cada detención, hay una familia separada y una silla vacía en su mesa. ¡Qué ningún ser humano sea olvidado! ¡Libertad inmediata para las más de 100 personas presas políticas!».
En el más reciente informe sobre la situación de los reos de conciencia en Nicaragua, del Mecanismo Para el Reconocimiento de Las Personas Presas Políticas, se detalla que, en el país permanecen encarcelados 81 personas relacionadas con la situación política derivada de la insurrección cívica de abril de 2018, además, hay 10 reos de conciencia previos a esa fecha.
En total se contabilizan 91 encarcelados por razones políticas. En las últimas semanas, al menos tres personas más han engrosado esa lista: Martín Argüello, Bernardo Argüello Celebertti y Freddy Quezada.
