Los nicaragüenses tienen el derecho político de ejercer su voto ciudadano para elegir al nuevo representante del país. Es una forma en que la ciudadanía puede participar en las decisiones políticas y es un derecho constitucional que se debe de respetar según el Artículo 51 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
El artículo menciona que «los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política. Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter concejil, salvo excusa calificada por la ley».
Las estadísticas de las elecciones de la dictadura
El padrón electoral se define como un «registro público nacional de electores» en el cual se inscriben todos los ciudadanos que se habilitaron para participar de las elecciones. El gobierno mencionó que se actualiza cada nuevo periodo electivo, debido a los fallecidos o porque alguien nunca votó en alguna elección.
En el 2001, el padrón electoral reportó a más de dos millones de número de ciudadanos inscritos para votar. En la última elección celebrada en 2021 se registraron cuatro millones de ciudadanos.
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De acuerdo a la oposición en el país, el Padrón Electoral nunca tuvo una verdadera depuración ni un registro real de los ciudadanos inscritos. Esto también fue cuestionado por los partidos que demandaron incansablemente reformas profundas al sistema electoral.
El mayor numero de ciudadanos habilitados para votar fue en las elecciones municipales de 2017, donde podían sufragar más de cinco millones de personas entre activos y pasivos según el Consejo Supremo Electoral (CSE). Posteriormente, en 2021, se registró un decrecimiento con respecto al 2017. Las autoridades electorales nunca explicaron los aumentos o los decrecimientos en los padrones electorales, lo que hace dudar más de su credibilidad.
Canibalismo político
Del 2001 al 2021, en los procesos electorales han participado 11 partidos políticos, de los cuales seis han perdido su personalidad jurídica por no estar de acuerdo con el sistema electoral. Algunos de estos partidos fueron Ciudadanos por la Libertad (CxL), Partido Restauración Democrática (PRD) o el Partido Conservador de Nicaragua (PC).
En agosto del 2021, a pocos meses de los comicios, el régimen de Ortega y Murillo despojo de su personalidad jurídica a CxL bajo el argumento de «violentar la ley electoral». La petición de cancelar la personalidad jurídica, supuestamente, fue hecha por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), un partido cercano al régimen.
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En ese mismo año, el PC perdió su personalidad jurídica porque decidió no participar en las elecciones. Por otro lado, en el caso del PRD, fue anulada su personería jurídica porque había dispuesto su casilla para la Coalición Nacional. El partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) fue despojado de su personalidad jurídica por cuestionar los resultados de la votación en la que Daniel Ortega fue habilitado para un cuarto mandato consecutivo, sin contendientes reales y con los líderes políticos opositores encarcelados.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fue constituido por disidentes sandinistas, tuvo su última participación en elecciones en el 2006 como partido político. Posteriormente, fue cancelada su personalidad jurídica por el CSE bajo el argumento de que «no llenó el total de las directivas y que no tenía fortaleza como partido político», por lo que ahora trabaja como una agrupación política bajo el nombre de «Unamos».
El partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) emergió en el 2006 con Eduardo Montealegre, mientras que la Alianza por la Republica (APRE) surgió en el 2004. Ambos partidos fueron despojados a sus fundadores o líderes importantes para luego convertirlos en satélites del régimen, sin ningún peso político, sin estructuras y sin votantes, pero dispuestos a avalar las maniobras de Ortega, ahora convertido en un dictador y enquistado en el poder, con aspiraciones vitalicias.
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