La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió, este martes, 28 de noviembre de 2023, con fotos y videos de cuatro visitas de sus hermanos al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, desde que fue encerrado en la prisión Jorge Navarro, conocida como La Modelo, el nueve de febrero de este año.
Según las fotos y las fechas que dice el régimen que fue visitado el jerarca católico corresponden al 25 de marzo, fecha que ya había sido informada por los medios de la propaganda oficialista en su momento. Después de esa ocasión, la tiranía notifica que monseñor Álvarez fue visitado en tres fechas distintas: El 13 de mayo, el 28 de julio y el 31 de agosto de 2023.
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«Como se puede ver en el video y las fotografías, las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer», dice el comunicado del Ministerio de Gobernación, en una evidente respuesta a la presión nacional e internacional que el pasado lunes, 27 de noviembre, en ocasión del cumpleaños 57 del obispo, lanzó una campaña para que mostraran al jerarca y las condiciones en las que lo tienen encerrado.
Pese a las fotos y la afirmación de que el obispo está bajo «condiciones preferenciales» de reclusión, el líder religioso luce pálido y delgado. Esta vez la dictadura no lo hizo hablar frente a las cámaras de sus canales de propaganda y solo se limitaron a mostrarlo sentado frente a un televisor. El obispo se ve sereno y no se inmuta frente al camarógrafo que se le pasea en frente husmeando en el interior de lo que pareciera ser su celda.
El espacio mostrado por la dictadura en ese video se ve que está cerrado con rejas, sin embargo tiene un sillón, un comedor con sus sillas y un televisor. Al fondo se observa otro espacio, donde se supone podría haber una cama o el baño, sin embargo ahí el régimen no dejó ver.
El dictador Daniel Ortega otorgó el cuarto cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a su operadora política en el Ministerio de Relaciones Exteriores Sandra Anabell Dávila Sandoval, al designarla representante en Filipinas, y con ello, la diplomática de la dictadura se consolida en el denominado grupo de «súperembajadores».
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Dávila Sandoval es ahora embajadora del régimen Ortega-Murillo ante el Gobierno de Filipinas, en carácter de concurrente, con sede en Japón, según el Acuerdo Presidencial 231-2023, firmado por Ortega el 24 de noviembre y publicado en La Gaceta Diario Oficial número 216, de este martes 28 de noviembre.
La funcionaria del servicio exterior de Ortega ya ostenta el cargo de embajadora en Japón, donde fue designada en agosto del 2022, conforme el acuerdo ministerial 125-2022.
Los veintisiete países que conforman la Unión Europea (UE) decidieron «aliviar» ciertas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, donde se incluye a la dictadura que Daniel Ortega mantiene sobre Nicaragua. De acuerdo a un comunicado publicado por el organismo internacional, esta medida tiene como objetivo que los agentes autorizados como socios de la UE pueden realizar transacciones financieras a las personas y entidades sancionadas «siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria».
Aunque el activista y excarcelado político Félix Maradiaga no respaldó la decisión de la organización internacional, destacó que no se debe interpretar que «la Unión Europea ha flexibilizado, en términos generales, todas las sanciones vigentes para cada uno de los regímenes, incluyendo Nicaragua». «Lo que realmente ha ocurrido es que el Consejo Europeo está implementando una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, la Resolución 2664, aprobada el 9 de diciembre de 2022 con 14 votos a favor y ninguno en contra».
La resolución de la ONU indicó que en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, «los países que han impuesto sanciones pueden hacer excepciones temporales para que las personas sancionadas no sean un obstáculo para la entrega de ayuda a los necesitados». Maradiaga indicó que «esta resolución de la ONU es el resultado de diez años de debates en las Naciones Unidas» y que esta misma «exige que los países hagan ajustes en sus marcos legales, que fue justamente lo que hizo la UE».
