La Unión Europea (UE) acordó relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, algunos con dictaduras abiertas, como la de Daniel Ortega en Nicaragua, según un comunicado publicado el 27 de noviembre. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la ayuda, enviada en situaciones de crisis, a las organizaciones humanitarias, de acuerdo a lo establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La UE, conformada por 27 países, optó por introducir excepciones en las restricciones que el bloque aplica a personas o entidades en las dictaduras de Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela y Zimbabue.
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En el informe, se especificó que las organizaciones y agencias certificadas como socios humanitarios de la UE, o de sus Estados miembros «pueden realizar transacciones con personas y entidades incluidas en la lista anterior, sin autorización previa, siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria» o si deben «apoyar otras actividades que atiendan las necesidades humanas básicas de las personas necesitadas».
La organización política opositora AVANZA le pidió a la Unión Europea (UE) que no suavice las sanciones contra distintos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega. A través de un comunicado, el organismo consideró que la Unión Europea le está dando un «mensaje equivocado a la dictadura».
En el pronunciamiento, el organismo declaró que «como AVANZA, rechazamos las recientes medidas de la Unión Europea que implican la disminución de sanciones a individuos y organizaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y Venezuela». La organización expresó una «profunda preocupación y desacuerdo» con esta decisión y consideró que «impacta directamente a la justicia y a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua».
AVANZA recalcó que la UE es «defensora de valores democráticos y derechos humanos a nivel mundial» y que tiene una gran responsabilidad para la promoción y protección de los principios fundamentales en la mayoría del mundo. La organización considera que «la reducción de sanciones a quienes están involucrados en crímenes de lesa humanidad en Nicaragua es una contradicción que socava los esfuerzos de la comunidad internacional por garantizar la justicia».
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El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, manifestó que monseñor Rolando Álvarez es símbolo de la prisión en la que se ha convertido Nicaragua bajo el régimen de la pareja presidencial Ortega-Murillo.
«Como sabés, se encuentra injustamente encarcelado y condenado a 26 años de prisión, simplemente por proclamar la justicia y la verdad en nombre del Evangelio. Por defender los derechos y la dignidad de las personas. Por caminar al lado de los más pobres», manifestó el jerarca católico, exiliado actualmente en Miami, EE.UU.
Las declaraciones de monseñor Báez se dieron en el marco de la IV entrega de los premios CARISMA 2023, que son entregados anualmente por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España (CONFER), y que este año tenía como uno de los galardonados al obispo Rolando Álvarez, en la categoría de «Misión y Cooperación».
Báez expresó que Rolando Álvarez es un ícono del sufrimiento del pueblo de Nicaragua, alabó su sacrificio de pastor por no querer abandonar a la feligresía a él encomendada y demandó al régimen orteguista su pronta liberación.
«El régimen brutal que domina a Nicaragua desde hace unos años, como una feroz dictadura, ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es ícono de lo que vive el pueblo», expresó el obispo Báez durante un videomensaje que fue aplaudido durante varios minutos y que fue emitido durante la gala de los premios CARISMA, celebrada este lunes 27 de noviembre en Madrid (España).
