El magistrado liberal en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Virgilio Gurdián Castellón también fue defenestrado de su cargo en el máximo tribunal de Nicaragua. Es el tercer alto jerarca que cayó en desgracia y que habría sido destituido como parte de la barrida que ejecuta Rosario Murillo en la CSJ, según ha informado el abogado Yader Morazán, mediante su cuenta de X.
Gurdián Castellón le estaría siguiendo los pasos a las dos magistradas sandinistas Alba Luz Ramos Vanegas y Yadira Centeno. Ramos Vanegas fue la presidenta de la CSJ desde el 2010, hasta que fue destronada y llevada a su casa con «custodia policial», mientras que la magistrada Yadira Centeno fungía como presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
El caído magistrado Gurdián era uno de los cuatro integrantes del Consejo de Administración de Carrera Judicial, uno de los órganos más poderosos, solo por debajo de la Corte Plena, en el máximo tribunal de justicia.
El abogado Morazán dijo que en ese Consejo de Administración de Carrera Judicial —que hoy fue despojado del Sistema de Registros Públicos Inmueble y Mercantil, mediante una apresurada reforma constitucional en primera legislatura y la aprobación de una nueva Ley de Adscripción del Registro a la Procuraduría General de la República—, «solo quedan Marvin Aguilar y Juana Mendez», dos de los que al parecer son los únicos que cuentan con la confianza total de Murillo.
El defenestrado magistrado Gurdián fue un connotado militante del liberalismo. Su último paso por las organizaciones políticas antisandinistas los dio en el Partido Liberal Independiente (PLI), cuando esa organización partidaria estuvo en manos del exaspirante presidencial Eduardo Montealegre.
En las votaciones municipales de 2008, Gurdián Castellón fue electo concejal para la Alcaldía de Managua mediante una alianza que Montealegre firmó con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del expresidente condenado por corrupción Arnoldo Alemán.
Tras su salida de la comuna capitalina en el 2012, Gurdián se quedó como parte de las estructuras partidarias del PLI, pero el 14 de abril de 2014 apareció de sorpresa en la Asamblea Nacional y el Frente Sandinista, con su aplanadora, votó por él para incluirlo entre los 16 magistrados que fueron electos ese día para ocupar la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Guardián debió dejar el puesto en abril de 2019, cuando se cumplieron los cinco años de ley para los que fue designado, pero 15 de los 16 funcionarios con periodo vencido decidieron quedarse en los cargos, por mandato de Daniel Ortega, y hasta la actualidad se mantenía en la magistratura sin que hubiera sido reelecto, hasta que fue destronado y sacado «por la puerta trasera», por designios de la vicedictadora Murillo.
Las otras magistradas de Apelaciones destituidas
Mas temprano se supo que tras la caída en desgracia de las magistradas Ramos y Centeno, el régimen también había decapitado a las magistradas Martha Quezada, presidenta de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y a la magistrada Martha Leiva, de la Sala Penal de Masaya.
Una fuente del mismo Poder Judicial dijo a Artículo 66 que «en todas las esferas» la Corte Suprema de Justicia «se viven momentos de terror» por la cacería policial que ha emprendido Rosario Murillo, a través del ministro asesor en temas de seguridad, comisionado en retiro y reintegrado a la Policía, Horacio Rocha, en lo que parece ser un intento acelerado de Daniel Ortega y Rosario Murillo de traspasar el mando político a la primera dama.
Gerardo Arce Castaño y Armando Juárez, «en la cuerda floja»
En esta cacería en la Corte, dijo una magistrada de Apelaciones, bajo acuerdo de anonimato, «veo incierto el futuro también del doctor Gerardo Arce Castaño y del doctor Armando Juárez», porque Arce Castaño es hermano del asesor económico presidencial Bayardo Arce y Armando Juárez es sobrino y ahijado político del coronel excluido Lenín Cerna Juárez.
«Acordate que la Rosario (Murillo) tiene apartada a toda la “vieja guardia”, tiene apartados al comandante Bayardo (Arce), al coronel Lenín (Cerna Juárez), a las comandantes Leticia Herrera y Doris Tijerino… entonces eso hace sospechar que los siguientes en caer serán estos dos magistrados porque tampoco cuentan con la confianza de ella (Murillo)», vaticinó la funcionaria.
La misma fuente también afirmó que en ese escenario, considera que la magistrada Juana Méndez, férrea “danialista” y una de las operadoras judiciales de vieja data de Daniel Ortega «ha actuado hábilmente» y «se lleva bien con los dos (con Daniel Ortega y con Rosario Murillo), por tanto, dijo, «si esta cacería es un asunto de pugnas entre Daniel y Rosario, la doctora Méndez está garantizada porque se ha plegado a los dos. «Ella obedece y se lleva bien con los dos», dijo categórica.