El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) presentó su reciente estudio «Defensores bajo ataque», en el que se analiza los mecanismo represivos empleados por los estados de Centroamérica en contra de las personas defensoras de derechos humanos para impedir que realicen su trabajo.
El estudio fue elaborado por Katherine Ramírez Moncada, defensora de derechos humanos y activista feminista. Ramírez también es investigadora en temas relacionados a abuso de Recursos del Estado, Autonomía Universitaria y Libertad de Asociación en Nicaragua.
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Referente a los temas abordados, el estudio destaca los aspectos más relevantes del contexto político de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, «en donde se desarrollan puntos importantes del entorno político, dentro del cual las personas defensoras de derechos humanos promueven y defienden derechos».
A la vez señala que el estado de la democracia en la región, la falta de institucionalidad y la centralización de poder son características comunes como parte del creciente avance del autoritarismo y la impunidad en la región que obstaculiza la defensa de los derechos humanos.
Además subraya que los países centroamericanos enfrentan serios desafíos políticos. «En materia de derechos humanos, la concentración de poder y el debilitamiento de la democracia constituyen un escenario complejo para las y los defensores de derechos humanos».
Nicaragua, donde los defensores de derechos humanos están «bajo ataque»
En cuanto a Nicaragua, CETCAM enfatizó que este país es uno de los puntos focales de mayor violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Centroamérica.
Cita que la ola represiva en contra de defensores de derechos humanos se originó «especialmente después de 2018, tras el estallido social de ese año producto de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz».
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«La respuesta del Gobierno de Ortega fue emplear la fuerza letal en contra de miles de manifestantes a lo largo y ancho del país, desencadenando sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han extendido estos últimos cinco años, a través de diferentes tácticas represivas», señala el estudio.
A la vez indica que el Gobierno de Daniel Ortega ha empleado diferentes formas represivas en contra de los sectores críticos como periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos.
Entre las hostilidades en contra de los defensores de derechos humanos, que señala Cetcam, están el hostigamiento, encarcelamiento y coacción política, «a fin de sostenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo que le sea posible a él y a su familia, que conforman un régimen dinástico de los más violentos en la región centroamericana».
Cetcam concluyó que, al igual que Nicaragua, el autoritarismo en Centroamérica se ha logrado consolidar debido al uso indiscriminado del poder legislativo «para reformar y crear nuevas leyes que criminalizan el trabajo de sectores críticos como periodistas, medios de comunicación y partidos independientes, como una forma de castigar las voces críticas a través de procesos espurios».