Tras casi dos semanas de desaparición forzada, los familiares de la diputada suplente del partido indígena Yatama, Nancy Elizabeth Henríquez James, lograron visitarla y constatar que el régimen de Daniel Ortega la tiene encarcelada en el Sistema Penitenciario de Mujeres mejor conocido como «La Esperanza».
La hija de la líder caribeña, Liza Francis Henríquez, detalló al diario La Prensa que tras el arresto de su madre sus parientes la buscaron por varios días en las diferentes delegaciones policiales de Managua, pero fue hasta este pasado miércoles, 11 de octubre, que lograron verla en la cárcel de mujeres.
«Mi tía, una hermana de ella, logró verla ahí. No sabemos desde cuándo la llevaron a La Esperanza, pero el miércoles mi tía se reunió con ella ahí», dijo Liza Henríquez.
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La hija de la dirigente de Yatama además denunció que su mamá no se encuentra bien de salud y teme por su vida.
Nancy Henríquez fue detenida el pasado primero de octubre, tras ser citada por la Policía para una supuesta entrevista sobre el caso del diputado Brooklyn Rivera, encarcelado el 29 de septiembre por agentes policiales de Ortega.
Además, la administración sandinista canceló arbitrariamente la personalidad jurídica del partido Yatama, así como eliminó de la lista de legisladores a Rivera y Henríquez.
Tras la ilegalización del partido indígena, la dictadura de Ortega Murillo impuso en el escaño que quedó vacante en la Asamblea Nacional de Nicaragua —controlada por el oficialismo— a la diputada suplente del FSLN, Ana Valeria Rafael Alfred. La noticia fue dada a conocer durante el inicio de la sesión parlamentaria, por el presidente del Legislativo nicaragüense, y sumiso al régimen orteguista, Gustavo Porras.
Ante las acciones represivas perpetradas por el orteguismo contra el partido Yatama y sus líderes, organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas, entre otras; han demandado a Ortega que muestre a los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez; y que cese la represión contra sus oponentes.
Hasta el momento se desconocen los delitos que se les imputa a ambos líderes indígenas, sin embargo, es posible que los acusen de «traición a la patria» o «ciberdelitos», normativas que utiliza el régimen para encerrar a sus disidentes y opositores.