«Sin mucho que agregar, afuera de la casa están dos personas… y supongo que voy arrestada», fueron las últimas palabras de la estudiante universitaria Josseling Mayela Campos Silva antes de ser secuestrada el pasado 21 de agosto, en su casa, ubicada en Veracruz, Managua.
La denuncia fue realizada por la misma joven, a través de un vídeo, que se publicó en la cuenta de X, antes Twitter, del Movimiento Defensa Estudiantil UCA.
Con la detención de Joseling Mayela Campos se recuenta un total de tres jóvenes universitarias que fueron apresadas en los días posteriores a la confiscación de la UCA. La primera fue la opositora Adela Espinoza Tercero, egresada de la carrera de Comunicación Social. El arresto fue el sábado, 19 de agosto y horas después se conoció la detención de la universitaria Gabriela Morales López, estudiante de la Universidad Juan Pablo II, de Managua.
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La Unidad Nacional Azul y Blanco ha retomado la campaña para visibilizar y exigir que se libere a los presos políticos. «Joseling Mayela Campos Silva fue secuestrada por paramilitares de la dictadura Ortega Murillo y miembros de la Policía sandinista la tarde del lunes, 21 de agosto, en su vivienda, ubicada en Veracruz, Managua», expone su publicación en la red social X.
También fue publicado un vídeo donde Adolfo Román García, miembro de Unamos, compartió el caso de Mayela Campos. «Ella no ha cometido ningún crimen, sin embargo, la dictadura la mantiene apresada en “La Esperanza”, el sistema penitenciario de mujeres».
«Hacemos un llamado al pueblo de Nicaragua que se una a la exigencia de la libertad de Mayela. A la comunidad internacional para que tome cartas en el asunto para la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Josseling Mayela Campos Silva», narró García.
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El pasado 23 de agosto, las tres jóvenes estudiantes fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Mujeres «La Esperanza». Adela Espinoza Tercero, Mayela Campos y Gabriela Morales fueron llevadas a juicio el pasado sábado, dos de septiembre, acusadas de ciberdelito.
Hasta la fecha se recuentan más de noventa y cinco presos políticos encarcelados por el régimen orteguista. Sus familiares y las diferentes organizaciones opositoras demandan libertad y justicia para ellos.