La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) demandó la libertad de la presa política Martha Lorena Centeno Marín, de 49 años, secuestrada el 19 de abril, en el marco de la ola de detenciones por parte de la dictadura de Nicaragua.
La organización política señaló, a través de su cuenta en X, que la ciudadana, originaria de Managua, había sido acusada de tener intenciones de repartir pegatinas exigiendo la liberación de monseñor Rolando Álvarez.
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Indicó, además, que en mayo «fue condenada en secreto» —en audiencia secreta, junto a otras opositoras— y luego recluida en el Sistema Penitenciario de mujeres, conocido como «La Esperanza», en el municipio de Tipitapa, Managua.
El exreo y desterrado político Álex Hernández denunció que Centeno Marín fue enjuiciada bajo total secretismo y despojada de cualquier derecho a la defensa «y se encuentra, hoy en día, encerrada en una celda de máxima seguridad en La Esperanza».
«Martha Lorena Centeno, al igual que más de las 90 personas que se encuentran secuestradas en nuestro país, es inocente. Su único delito ha sido alzar la voz ante la injusticia, amar a Nicaragua y amar a su prójimo», agregó Hernández.
Además de Martha Lorena Centeno, Hernández pidió la libertad de las presas políticas Mayela Campos, Adela Espinoza, Olesia Muñoz , Anielka García, Gabriela Morales.
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También exigió que se devuelva la libertad a monseñor Rolando Álvarez, Antonio Ruiz, Walter Balmaceda, Edder Muñoz «y de todas las personas que se encuentran secuestradas injustamente en nuestro país (Nicaragua)».
Tras la ola de detenciones en abril —mes del aniversario de las protestas sociales en 2018— la justicia orteguista dictó sentencia, además de Martha Lorena Centeno, en contra de otros cinco opositores, quienes responden a los nombres de Hazel Martínez Ulloa y Brenda Lee Baldelomar, originarias de Chinandega; Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Luis Enrique Palma Obando y Anner Herrera, de Boaco.
La acusación contra este grupo se realizó el pasado 24 de abril y la causa la llevó el Juzgado Cuarto Local de Managua a cargo de la juez titular Ana María Vado Miranda. Como víctima figura el Estado de Nicaragua y hasta el momento se desconocen los delitos que le imputan.
Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, hasta el 31 de agosto se contabilizan 89 opositores secuestrados por el régimen de Ortega y Murillo, lista que ha aumentado tras las recientes detenciones en septiembre e inicios de octubre.
