En una audiencia secreta, según denuncias, se dictó sentencia contra seis opositores al régimen orteguista. Los ciudadanos fueron detenidos en abril de este año en el marco del quinto aniversario de la rebelión de 2018. Los condenados responden a los nombres de: Hazel Martínez Ulloa y Brenda Lee Baldelomar, originarias de Chinandega; Martha Lorena Centeno Marín, de Managua; Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Luis Enrique Palma Obando y Anner Herrera, de Boaco.
La acusación contra este grupo se realizó el pasado 24 de abril y la causa la llevó el Juzgado Cuarto Local de Managua a cargo de la juez titular Ana María Vado Miranda. Como víctima figura el Estado de Nicaragua y hasta el momento se desconocen los delitos que le imputan.
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El proceso continúa en ejecución para la lectura de sentencia en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Ejecución, de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Circunscripción de Managua.
Nuevamente, la justicia de Ortega usó a cuatro policías como los testigos contra el grupo de procesados.
Continúan los abusos en los procesos judiciales
Pablo Cuevas, director general de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos(DNDH), señala que estos procesos arbitrarios siguen siendo nulos y solo muestran que las autoridades actúan en función del régimen, violando la legítima defensa, al negarles tener un abogado de su confianza. Ante eso, el abogado sostuvo que «esos vicios a la ley solo los convierte en rehenes del gobierno»
Hasta finales de mayo, el organismo de Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 81 procesos de judicialización con medida alterna, entre los actuales presos políticos figuran monseñor Rolando Álvarez y el periodista Víctor Ticay.