La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles la Resolución «Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia Católica» con la que el organismo regional insiste en llamar la atención, condena y reitera el llamado a la acción diplomática para la superación de la situación de violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
La Resolución fue presentada por la representación de Chile, junto a las delegaciones de Antiguo y Barbuda, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y patrocinada por Uruguay.
La resolución presentada, según indicó el representante de Chile ante la OEA, cumple con el mandato de la resolución AG/33, aprobada por consenso en la última Asamblea General «para comprometerse constructivamente con el gobierno de Nicaragua para apoyar el restablecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos en el país conforme al derecho internacional».
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Tras la aprobación por aclamación, la representación de El salvador indicó que remitirá ante la Secretaría General del Organismo, un «pie de nota» lo que indica que razonará dicha resolución en algunas de sus partes. El gobierno de Nayib Bukele se ha plegado abiertamente a la dictadura de Nicaragua, esgrimiendo el argumento de la no intromisión en los asuntos internos de los Estados.
En tanto, la representación de Bolivia expresó que no está de acuerdo con la Resolución adoptada por la OEA, argumentando que son respetuosos del principio de no intromisión en los asuntos internos de otros estados soberanos.
En sus considerandos, la resolución destaca que el cierre (confiscación) contra la Universidad Centroamericana (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y otras instituciones educativas en el país, «representan un grave atentado contra la libertad de enseñanza y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto».
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La OEA se declara preocupada y alarmada ante las acciones represivas en contra de la Iglesia católica, hechos manifestados en las acciones contra de la orden Jesuita y en el «encarcelamiento arbitrario de sacerdotes, entre los cuales se encuentra el Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y la expulsión o prohibición de ingreso al país de decenas de clérigos, religiosas y laicos católicos, tanto nicaragüenses como extranjeros».
Ante tales hechos, la OEA en su resolución Insta al Gobierno de Nicaragua a que «respete y garantice los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la educación y al trabajo».
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Asimismo, Invitan a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la OEA a que ofrezcan, en la medida de sus posibilidades, apoyo a los docentes de las instituciones educativas nicaragüenses afectados por las medidas represivas del régimen de Ortega y Murillo.
El estado de Nicaragua dejará de ser miembro efectivo de la OEA a parir del próximo 19 de noviembre, cuando se cumplen los dos años posteriores a la denuncia de la Carta Constitutiva del organismo diplomático. Es decir, la resolución de este miércoles, podría constituir la última que toma la instancia regional con Nicaragua como Estado miembro.