En la región centroamericana se afianzan gobiernos autoritarios que poco a poco han ido cooptando los poderes del Estado, han instrumentalizado los poderes judiciales para desatar una persecución penal ilegítima contra los grupos opositores, la prensa crítica y todo el que se atreva a cuestionar la corrupción gubernamental y han limitado al mínimo la actividad de la sociedad civil principalmente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) presentó este jueves el informe «Autoritarismo en Centroamérica, persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua», en el que analiza los elementos más relevantes de la tendencia autoritaria en la región y su relación con la persecución judicial para «castigar» a todos aquellos que se atrevan a investigar casos de corrupción dentro del Estado.
Asimismo, el CETCAM analiza cómo esos gobiernos autoritarios han violado el derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica, atentando contra el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libre asociación.
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La investigación toma en cuenta que Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo que incluye «concentración de poder, corrupción y cooptación entre las élites», así como «el establecimiento de la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos y la instrumentalización del órgano judicial para perseguir a funcionarios que por imperativo legal investigan y juzgan actos de corrupción».
Asimismo, el CETCAM señala que los gobiernos de Nicaragua y El Salvador «han usado al sistema penal como instrumento y herramienta política para desplazar los derechos de las personas que se investigan, violentando los límites supralegales de derechos humanos» y de esa forma los regímenes de esos países «controlan y neutralizan a los grupos críticos, opositores o personas consideradas una amenaza contra ellos».
Contra la sociedad civil
Los resultados del estudio reflejan que los autoritarismos de la región han creado «leyes especiales» para «perseguir a la disidencia, los medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil y, así evitar la competencia política, la libertad de información y la fiscalización de la actuación pública».
«Se ha logrado observar que la región enfrenta por un lado, casos de judicialización de la política, como en Nicaragua y El Salvador, y casos de judicialización de la función fiscalizadora de los actos públicos, dada la persecución a jueces y fiscales en Guatemala, y persecución a periodistas y organismos de la sociedad civil en Honduras», detalla el informe de CETCAM.
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De igual manera, el organismo dedicado a los estudios sociológicos señala que los regímenes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala se han armado con legislaciones que atentan contra el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. «Estas leyes comparten similitudes, especialmente en las categorías de registro, monitoreo y vigilancia, financiamiento, lenguaje ambiguo y la criminalización de las organizaciones y sus integrantes», concluyó el CETCAM.