En su más reciente informe, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más detalló que de las casi 3 mil 500 organizaciones de sociedad civil canceladas en Nicaragua, las entidades con mayor cantidad de despojo de su personalidad jurídica son de promoción social y desarrollo; con 552.
El organismo indicó que tras la ilegalización de estas asociaciones un amplio número de personas quedaron en vulnerabilidad, debido a que el público meta de estas oenegés «eran personas discapacitadas, adultos mayores, jóvenes y personas con algún tipo de adicciones, así como diferentes organizaciones que facilitaban crédito a personas que por sus bajos ingresos se encontraban fuera del Sistema Financiero Nacional, entre otras».
Asimismo, señaló que las entidades gremiales y de producción fueron el segundo lugar en cantidad de cancelaciones, con 529. Le siguen las organizaciones internacionales, que alcanzaron las 346 ilegalizaciones.
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A la lista se suman las asociaciones religiosas. Al primer semestre de 2023, el régimen de Daniel Ortega ha despojado de su personalidad jurídica a 315 organismos; dato que «coincide con la creciente persecución contra los líderes religiosos de la Iglesia católica» en Nicaragua, subrayó el Colectivo.
En ese sentido, aseguró que el cierre de las organizaciones religiosas es «en represalia a la posición de religiosos católicos frente la represión» que perpetra la dictadura sandinista en el país.
«Entre las organizaciones religiosas, 233 pertenecen a una denominación evangélica, 38 organizaciones de denominación católica, entre otras confesiones, o no determinadas, con 41», agregó.
En su informe, el Colectivo además detalló que las organizaciones de desarrollo municipal y local ocupan el quinto lugar entre las organizaciones canceladas, con un total de 281.
Para el organismo de derechos humanos este número de ilegalizaciones «coincide con una clara persecución política a nivel municipal y se ubicaron en: Managua, León, Chinandega, Masaya, Rivas, Estelí, Nueva Guinea y otras localidades del pacífico y centro del país».
En la lista siguen las organizaciones de mujeres y niñez, con 201 entidades despojadas ilegalmente de su personalidad jurídica. Estas oenegés se dedicaban a la promoción de la participación de la mujer en asuntos públicos, de prevención a la violencia y acompañamiento a mujeres víctimas, atención psicosocial, empoderamiento económico, capacitaciones, acceso a créditos, al fomento de producción agropecuaria, de centros de atención a la salud de la mujer y otras dedicadas a redes de cuido y atención integral a la infancia. Al cerrar estos organismos, la dictadura de Ortega dejó en vulnerabilidad a estas poblaciones.
Entre las ONG canceladas también están organizaciones de arte, ciencia y cultura (174), de ciencias políticas (153), organizaciones dedicadas al cuido, preservación y conservación ambiental (130), organizaciones médicas (120), organizaciones indígenas o autonómicas (64) organismos de conflicto armado (55), organizaciones defensoras de derechos humanos (39), universidades y asociaciones universitarias (31), organizaciones técnicas (10) y de periodistas (9).
Hasta finales de agosto 2023, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aniquilado un total de 3 mil 484 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua. El número de organismos cerrados por la administración sandinista representa el 48% de las organizaciones sin fines de lucro que existían en el país previo al estallido social de abril 2018, cuando el régimen alcanzó las 7 mil 227 entidades activas en ese momento.